4400 personas denunciaron irregularidades con los planes sociales durante los ultimos 5 meses

Las prácticas clienterales son parte del universo de los planes sociales. En los últimos cinco meses, unas 4400 personas admitieron ante el Ministerio de Desarrollo Social que tuvieron que pagar un “aporte” o se vieron forzados a ir a las marchas para cobrar un plan. No es todo. Otros 1700 mil expusieron situaciones de maltrato por parte de los referentes de las organizaciones sociales y unos 900 hablaron de supuestas amenazas.

Los datos, actualizados hasta el viernes, surgen de una iniciativa de la cartera que conduce Juan Zabaleta para que todos los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo puedan modificar la unidad de gestión, mediante la cual brindan la contraprestación. Pero no se trata de denuncias concretas. “Son situaciones irregulares que se exponen en un formulario a la hora de justificar el cambio del plan”, explicó un vocero. Para las denuncias hay un área específica dentro de esa misma cartera.

Desde su creación, en octubre de 2021, el canal de denuncias recibió 4419 casos. Del total, 1510 corresponden a titulares del Plan Potenciar Trabajo, que abarca a 1.200.000 personas. Ahí aparecen los abusos más repetidos: exigencia de ir a las marchas o pagar un “bono” para las organizaciones sociales. “Actualmente 818 se encuentran en curso y 18 en seguimiento, es decir, ratificaron la denuncia y solicitaron el cambio de unidad de gestión. Del total de denuncias ingresadas, 501 no ratificaron”, dice un informe al que se tuvo acceso.

Detrás de esos números, hay un fenómeno creciente: el Estado paga millones de planes que no puede auditar ni controlar. Según se reveló, durante 2021 el gobierno de Alberto Fernández invirtió más de siete billones de pesos a través de 141 “planes y programas sociales” administrados a través de diez ministerios. De esos 141, planes 85 corresponde a Desarrollo Social.

“La situación en este gobierno es más complicada porque el Estado tiene a las “orgas” (las organizaciones sociales) adentro. Las “orgas” siempre juegan con la necesidad de la gente, con el imaginario de que son esenciales. Y con esa plata negra que recaudan se banca las marchas”, lamentó un ex funcionario.

La mayoría de las denuncias que se inician en el ámbito administrativo nunca llegan a la Justicia. Según un relevamiento, en los últimos seis años se promovieron apenas una docena de causas penales.

Las causas judiciales arrancan en el fuero federal, porque los planes se pagan con fondos nacionales, pero terminan en la justicia ordinaria por un extraño criterio que considera las exigencias de dinero como una “estafa entre privados”.

Así ocurrió en una denuncia contra dirigentes del Polo Obrero, iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri. El expediente pasó por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), ahora a cargo de Daniela Bobbioni, donde una de las denunciantes, Elizabeth Natalia Quiñones, beneficiaria del programa “Hacemos Futuro” en la localidad de Merlo, ratificó que todos los meses iba a la casa de una dirigente del PO, de apellido Orellana, y le entregaba una suma de dinero. Algo similar tenía que hacer su pareja. En esa misma declaración, Quiñones mencionó a otro beneficiario, a quien le habrían suspendido el plan por negarse a ir a las marchas. En su caso, según dijo, logró seguir cobrando pese a que se desvinculó del movimiento.

Durante el gobierno de Macri, la UFISES recibía las denuncias impulsadas por Desarrollo Social y las derivaba a las fiscalías federales correspondientes luego de una investigación preliminar. Esa denuncia aterrizó en la Fiscalía Federal de Hurlingham y en junio del año pasado, según fuentes judiciales, el juzgado federal 3 de Morón se declaró incompetente y mandó el expediente a un juzgado de Garantías de esa jurisdicción por entender que se trataba de “una maniobra entre privados” por “presuntas amenazas y/o estafas”. “Se consideró que el perjuicio termina siendo a un privado por parte de un intermediario que no forma parte del Estado”, explicó una fuente judicial con acceso al expediente.

En muchos casos, los denunciantes se “arrepienten” o directamente la Justicia no puede encontrarlos. “Cuando hacen una denuncia, los va buscar los punteros del barrio, más de la mitad de la gente que denuncia no ratifica, la gente no sabe que no necesita un intermediario para cobrar un plan, es un problema cultural”, explicó un ex funcionario que tuvo despacho en Desarrollo Social.

Otra de las denuncias promovidas en el gobierno de Macri aterrizó en la Fiscalía Federal de Resistencia (Chaco), a cargo de Patricio Sabadini. En ese caso, cuatro mujeres acusaban a referentes del Movimiento Teresa Rodriguez y del Movimiento Federación de Organizadores de Base (FOB) de pedirles un aporte mensual de sus planes y de exigirles la concurrencia a las marchas. Ante la UFISES, una de las denunciantes, Elizabeth Ledesma, manifestó que todo ocurrió mientras existía el Plan Argentina Trabaja, que después se llamó “Hacemos Futuro”. Luego, en la Fiscalía de Resistencia, las denunciantes dieron más datos de la maniobra y apuntaron a Oscar Soto y a Valeria Ramírez, del Movimiento FOB. “La suma de dinero dependía de los que cobrábamos. Nos amenazaban con sacarnos el plan”, declaró Mónica Ledesma. Ese expediente sigue abierto.

En muchos casos, las denuncias no prosperan porque los damnificados se “arrepienten” o reciben presiones de los propios denunciados. En abril de 2019, la fiscal federal de Quilmes, Sylvia Cavallo, desestimó una denuncia contra una coordinadora de la “Asociación Civil Vista al Futuro”. Al momento de ratificar, los denunciantes, Jorge Armando Terán y su pareja María Alicia Diaz, declararon que no habían querido hacer una denuncia cuando se comunicaron con el Ministerio de Desarrollo Social.

La situación es más grave. En los últimos años, la Justicia fue perdiendo recursos para investigar las irregularidades con los planes sociales. La UFISES, una unidad especial creada durante el gobierno de Néstor Kirchner para controlar el plan Jefas y Jefes de Hogar, se abastecía al comienzo con las denuncias que recogía un call center creado especialmente en el Ministerio de Trabajo. “La UFISES tenía un convenio con el Ministerio de Trabajo y la ANSES pero los planes se fueron trasladado en su mayoría a Desarrollo Social. Actualmente no hay control y encima nos sacaron la posibilidad de investigar”, se quejó Marijuán, actual coordinador de la UFISES. Y agregó: “Un eficiente control de los planes también requiere un entrecruzamiento de los beneficiarios con las personas que están en relación de dependencia”.

Entre las organizaciones sociales denunciadas está la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). “Me pedían dinero para asistir a las movilizaciones o una suma mensual. Si no cumplía me daban de baja el plan”, denunció Pablo Hernán Noguera Villamayor ante el Ministerio de Desarrollo Social. Por ese entonces, Noguera Villamayor era parte del Programa denominado “Proyectos Productivos Comunitarios” y cumplía funciones en la Unidad Productiva “Chiquilines”, un comedor vinculado a la CTEP. La denuncia mencionaba a tres dirigentes: Noemí Rivas, Pablo Fernández y Ayelén Lemos. Aunque tenía datos concretos, terminó archivada.

Otra de las causas impulsadas durante el gobierno de Macri apuntaba a una dirigente de la agrupación Darío Santillán identificada como Gladys Viviana De la Fuente. La denuncia exponía tres maniobras reiteradas: la exigencia de una suma de dinero mensual, asistir a reuniones de la organización, y asistir a movilizaciones bajo amenaza de perder el plan. En ese caso, la denunciante apuntaba a una maniobra más general que involucraba a un total de 55 personas que trabajaban en un merendero.

Tampoco avanzó una causa contra dos referentes del Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico. La denuncia aseguraba que exigían ir a las marchas y hasta pedían que los beneficiarios cumplan con tareas de limpieza en sus propias casas.

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El caso más llamativo se dio en la 9 de julio, y fue trasmitido en vivo por televisión. Durante una de las marchas multitudinarias, en agosto del año pasado, una cronista de TN recogió testimonios elocuentes. En ese móvil, varias personas contaron que los amenazan con sacarles el plan si faltaban a las marchas. “Para cobrar tengo que ir a trabajar a un merendero, a un comedor y también asistir a los reclamos y venir a las marchas. Acá saben que cumplí con la marcha porque me hacen firmar a la ida y a la vuelta”, contó una joven.

El fiscal Marijuán denunció al Polo Obrero y la Organización Clasista Revolucionaria (OCR), las dos organizaciones mencionadas, y le pidió al Ministerio de Desarrollo Social que garantice la continuidad de los planes. “Toda vez que no tienen que cargar con las responsabilidades de sus dirigentes, requiero que ese Ministerio continúe con la ayuda a cada una de ellas pero debiendo hacerlo personalmente, sin intermediación de organizaciones o de terceros”, decía esa presentación.

Aunque los testimonios se transmitieron en vivo y en directo, la causa está a punto de cerrarse. El fiscal Eduardo Taiano pidió el archivo en diciembre pasado por falta de pruebas.

“El control de los planes le corresponde al Estado. Hay que potenciar las herramientas tecnológicas y realizar auditorías en el territorio. El clientelismo se reduce con la universalización de los planes como pasó con la asignación universal por hijo (AUH). Cuando el Estado negocia cupo con las organizaciones lo único que hace es darle más poder”, explicó un ex funcionario que tuvo varios cargos en el área de Desarrollo Social.

En los últimos dos años, la cartera que conduce Juan Zabaleta también promovió un puñado de denuncias penales aunque la mayoría apuntaban a diferentes clases de estafas con beneficios sociales a través se sitios web truchos. También se impulsaron denuncias por irregularidades con la Tarjeta Alimentar. Infobae detectó que casi todos esos expedientes tramitaron en los tribunales de Comodoro Py pero terminaron archivados o fueron derivados a la justicia provincial.