Uber sigue operando y se prepara para apelar

(CABA) Aunque la Justicia confirmó la orden de bloquear el servicio de Uber , la empresa opera sin dificultades porque no está cerrado el proceso de apelaciones que, se prevé, «será largo». Así lo admitieron ayer fuentes de la firma que une choferes particulares con pasajeros en la ciudad de Buenos Aires, en el día en que cumplió su primer año de operar en el país.

«El sistema está funcionando sin problemas», fue la respuesta a la consulta de La Nación. La compañía aclaró que la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña no notificó formalmente su decisión de bloquear las plataformas digitales, a pesar de haber difundido públicamente su resolución.

Una vez que la empresa reciba la notificación, tendrá un plazo de 10 días para apelar a la instancia superior. El fiscal Martín Lapadú destacó el fallo porque «Uber jamás ha obedecido la orden judicial de cesar su función». La medida, no obstante, contiene un error en la transcripción del dominio que debe ser bloqueado: dice http://drive.www.uber.com/argentina en lugar de https://www.uber.com/es-AR/drive/buenos-aires/.

Ricardo Gil Lavedra, abogado del CEO de la empresa, Mariano Otero, agregó que «se está exigiendo licencia profesional a los choferes, se está haciendo pagar impuestos y se está haciendo pagar seguro por pasajeros», y ratificó que «hay cuestiones que necesitan regulación».

En la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña existe un proyecto de ley cuyo objetivo es regular la actividad de Uber bajo ciertos parámetros legales. La propuesta, del diputado Hernán Rossi (Suma+), no consigue el aval de los integrantes de la comisión, presidida por Claudio Palmeyro (Sindical Peronista), para llegar a ser debatida en el recinto.

Entre los puntos salientes se detalla que para poder prestar el servicio los conductores deben ser propietarios de por lo menos el 25% del vehículo para impedir que se utilicen choferes asistentes. Además, todos los conductores deben solicitar su inclusión en el Registro de Choferes del Servicio Privado de Transporte de Pasajeros en las condiciones y con los aranceles que establezca la autoridad de aplicación.

A su vez, el proyecto plantea la creación del «Fondo de Movilidad Sustentable Buenos Aires» que estará compuesto por los aportes realizados por las administradoras de plataformas o aplicaciones informáticas al servicio de Uber; a dicho fondo también debería destinarse el 3% de cada viaje realizado. El borrador también establece un máximo de siete años de antigüedad para los vehículos.

«Quedó demostrado que el intento de prohibición, con la consiguiente inacción en materia regulatoria y de control por parte del gobierno, fue la peor estrategia. La empresa considera que opera legalmente y la Ciudad, lo contrario; mientras, la Justicia se expide sin llegar a una sentencia firme -opinó Rossi-. Se debe intervenir para regular una actividad que funciona en la mayoría de las ciudades del mundo de las dimensiones de Buenos Aires y que es demandada por los usuarios.» NR

Fuente: La Nación