Marta Oyhanarte: “para una democracia de calidad es necesario construir ciudadanía”

Escribe Marta Oyhanarte, miembro de la Comisión Directiva del Comité de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

(CABA) En septiembre de 2015, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas aprobaron el documento “Transformar nuestro mundo: agenda 2030 para el desarrollo sostenible“. Es una agenda ambiciosa, e imprescindible, que debería cumplirse en los próximos 15 años. La erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades son temas centrales, como también la conservación del medioambiente, la democracia, la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos. Se trata de un nuevo “contrato global” para una época de crecientes dificultades e incertidumbres planetarias.

Para hacer realidad esas aspiraciones hay que mejorar la calidad de las democracias, que no es otra cosa que la calidad de sus instituciones, es decir, la forma en que quienes habitan una comunidad organizan su vida pública. Para lograr una democracia de calidad, es necesario construir ciudadanía. Y esto no es tarea exclusiva de la dirigencia política: requiere el compromiso del gobierno, del sector social y del sector privado. Cada uno de ellos puede aportar valores y capacidades para una estrategia que enfrente los desafíos del mundo actual.

¿Cómo hacerlo? Participando. Según la Real Academia Española, participar es “tener parte uno en una cosa”. Si la hacemos extensiva a la cosa pública, esa “propiedad” faculta a cada uno a ejercitar su capacidad de influir en las decisiones de políticas públicas. Pero la participación no es una consecuencia automática de su mención en los documentos de diseño de una política o de un discurso. Es un proceso de construcción social que exige conocer los mecanismos que la facilitan, considerar las tensiones que pueden generarse, concretar las acciones proyectadas y aprender a sostener el proceso. Debe ser una “coproducción”, una recreación de confianzas recíprocas en la que, a través de reglas formales e informales, se estructuren las relaciones de los agentes sociales.

El voto es un ejemplo de participación tradicional; un escalón superador sería el compromiso cívico, que implica una intervención ordenada de organizaciones y/o personas que cooperan con las acciones que lleva a cabo un gobierno o actúan allí donde éste no sabe, no puede o no quiere. Actualmente, se reconoce un avance más: el compromiso ciudadano, que son las acciones y programas de gobierno que promueven y facilitan la acción de la ciudadanía en las etapas de diseño, decisión, implementación y/o monitoreo de las políticas públicas.

Participación tradicional, compromiso cívico, compromiso ciudadano, todas son formas que constituyen un auspicioso aporte a la gobernabilidad democrática, pero quizá sea la hora de retomar el debate sobre la participación -hoy algo estancado y circular- e institucionalizar mecanismos que posibiliten el compromiso ciudadano y sustituyan la participación que emerge espontánea y muchas veces desborda a actores e instituciones por una que transite canales de expresión socialmente regulados que alejen el oportunismo o la improvisación y permitan capitalizar oportunidades y construir aprendizajes colectivos. Los métodos para la intervención organizada de los ciudadanos en la gestión pública son múltiples: planificación y/o presupuesto participativo, mesas de diálogo, audiencias públicas, auditorías sociales, gobierno electrónico, elaboración participativa de normas, alianzas público-privadas, planes estratégicos, gobierno abierto.
No agotan la lista de posibilidades y otros nuevos pueden crearse. Pero hay que tener presente que el pilar para el éxito de cualquiera de ellos es el acceso a la información, porque la toma de decisiones conjunta resulta ilusoria si la ciudadanía no cuenta con acceso asegurado a la información que obra en poder del Estado.

El gobierno abierto es la “estrella” porque se abre al talento, a la energía y a la capacidad transformadora de una sociedad al facilitar la construcción de una agenda común a partir de los tres ejes que lo conforman: transparencia, participación y colaboración. En la actualidad, más de 60 países integran la Alianza para el Gobierno Abierto, y la Argentina es uno de ellos. Muchas administraciones están comenzando a hacer realidad esta nueva cultura en la gestión de los asuntos públicos. El historial sobre prácticas de compromiso ciudadano ofrece lecciones para concertar alianzas plurales que contribuyan a la elaboración de una agenda pública colaborativa que dé prioridad a los objetivos de desarrollo sostenible. La declaración “Transformar nuestro mundo” expresa: “Podemos ser la primera generación exitosa en la lucha contra la pobreza, así como podemos ser la última que tenga la oportunidad de salvar el planeta”. NR

Fuente: La Nación