La esposa de Guillermo Moreno, a los gritos con Darío Lopérfido

(CABA) Los empleados del estudio jurídico no podían salir de su asombro. “Quiero que digas en público que no soy corrupta“, reclamó a los gritos Marta Cascales, la esposa del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. El blanco de sus exigencias con tono de orden militar fue el ex ministro de Cultura porteño y nacional, Darío Lopérfido. Y el lugar, una mediación.

La mecha la encendió una entrevista que el periodista Luis Majul le hizo a Lopérfido, en la que el ex funcionario denunció que el kirchnerismo usó recursos del Estado para sostener el relato a través de subsidios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) a distintas producciones audiovisuales. Lo que hizo enfurecer a Cascales fue que uno de los ejemplos que puso fue Tostaki, la productora que dirige.

Tostaki produjo tres series con dinero público. Una de ellas, El Pacto, fue realizada en sociedad con Oruga Films. Se trató de una novela que contaba la versión kirchnerista en torno a la historia de Papel Prensa y que endemoniaba la figura del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. Fue un eslabón más del relato, que se financió con dinero recibido en un concurso del Incaa para realizar miniseries de 13 capítulos.

El problema de fondo son la productoras y actores que recibieron más subsidios durante los últimos años de Cristina Kirchner en el poder, la mayoría de ellos ligados al kirchnerismo, como Andrea del Boca, uno de los casos más resonados.

El tema tiene su veta judicial. El 22 de junio, el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a 70 personas, entre ellas, los últimos tres presidentes del Incaa, por los subdidios a la industria audiovisual.
Al respecto, Lopérfido pidió en esos días, poco antes de renunciar, que se investigue a los ex funcionarios Luis Vitullo y Hugo De Vido –el hermano de Julio– por lo que definió como “el mayor fraude de la historia audiovisual argentina”.

“Vitullo se ocupaba de que la plata que había que usar para hacer rutas y puentes para mejorar la calidad de la gente se desviara a las universidades y, de ahí, se dieran a las productoras y actores kirchneristas para hacer series, que la gran mayoría no se vieron”, advirtió. “Se trianguló dinero del Estado argentino a universidades para escapar a los controles y hacer negocios fenomenales con productoras, además de comprar voluntades de actores para el espacio político“, insistió.

Con respecto a Hugo De Vido, recordó que es parte de la sociedad Atuel Producciones, de la actriz Melina Petriella, una de las más beneficiadas.

Lopérfido estima que el fraude vía productoras giró en torno a los mil millones de pesos anuales. Y que parte de ese dinero lo recibió Tostaki.

Por eso Cascales llamó a Lopérfido a una mediación en un estudio jurídico ubicado en Corrientes al 1200, a la que acudió junto a su abogado, vestida con un piloto negro largo. Entonces, empezó a exigir. Y gritó: “No soy corrupta”.

También alegó que ella no es la dueña de Tostaki, que en realidad es una cooperativa que ella manejaba. Era la voz reinante junto a la de la esposa de ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, Alessandra Minnicelli.

Lopérfido también fue con su letrado a la mediación. Con un traje gris y corbata, sin levantar la voz, le contestó. “Primero, no sé si usted es corrupta. Segundo, yo no lo dije. Y tercero, si no le gustan mis declaraciones, puede ir a la Justicia”, enumeró.

Naturalmente, no hubo arreglo. Y es posible que Cascales le haga caso a Lopérfido y mude su reclamo a la Justicia para intentar conseguir lo que no logró con su actitud patotera durante la mediación. NR

Fuente: Infobae