Buenos Aires, 06/01/2025, edición Nº 4436
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Falsos médicos en Mar del Plata

Atendieron durante años a jardines de infantes, escuelas y empresas. Llegaron a trabajar para el Estado.

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(PBA)No eran médicos, ni enfermeros, y brindaban un servicio de emergencia que durante años atendió en Mar del Plata a jardines de infantes, escuelas y empresas y que hasta ganó licitaciones municipales. Diagnosticaban, medicaban y ponían firma y sello apócrifos en cada recetario que pasaba por sus manos.

Después de una instrucción judicial que llevó cinco años, el expediente de diez cuerpos del caso que tuvo a cargo el fiscal de Delitos Económicos David Bruna irá a debate (el Tribunal Oral en los Criminal 4 debe fijar fecha).
La Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal juzgará a ocho personas acusadas de integrar una asociación ilícita. Se les imputan los delitos de falsificación de sellos y falsificación de instrumentos privados, tenencia de material destinado a la falsificación, lesiones graves dolosas, estafa continuada, defraudación contra la administración pública y falsificación ideológica de instrumento público.

La investigación nació en 2008 con el caso del joven a quien aplicaron una inyección y le generaron secuelas de por vida, y por una denuncia de una médica que inmediatamente supo que quienes habían llegado en su auxilio no eran profesionales, y los denunció. Había una denuncia previa, del presidente del Colegio de Médicos, Juan Manuel Prieto, por el caso de un chiquito al que diagnosticó y medicó el “Dr. Rodríguez Colman”, tal el sello, cuya matrícula, se determinó, no existía.

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Las ambulancias circulaban por la ciudad con los nombres de fantasía Latir o Cilsalud, de una empresa que fue mutando de razón social con la misma dinámica con que acumulaba acreedores. Fue Latir SRL, Casil Corp SRL, Mar del Plata Salud SA, RoanMed y Latir Cilsalud. “Los imputados conformaron y participaron en una organización estable y permanente, para lucrar y enriquecerse ilícitamente bajo el rubro comercial de empresas de emergencias médicas”, definió el fiscal.
El hombre que dirigió las empresas, Alberto Netti, falleció en medio de la investigación. En alguna ocasión compartió la titularidad con su esposa, Francisca Bernarda Lescano, y trabajaban con su hijastra, Silvia Alfieri. Ambas están imputadas junto a Cristian García Zapata, Flavia Sánchez, María Rosa Cabrera, Carlos Echezarreta, Carlos Colatto y Ana María Lacoque. Zapata figuró como presidente de Mar del Plata Salud, con domicilio en Alberti al 8900, una humilde casa en la periferia marplatense que en su momento tenía un cartel en la entrada ofreciendo servicios de plomería.

El fiscal Bruna contó que “tuvieron médicos trabajando, pero la relación con ellos nunca terminaba bien, entonces salían a cubrir emergencias como fuera, la propia mujer de Netti salía, él mismo lo había hecho, y llegaron a tener a un médico peruano que no había rendido equivalencias en la Argentina, por lo que ejercía de modo ilegal”.

En los allanamientos que hizo la DDI se secuestró todo tipo de documentación, como los contratos que firmaban con empresas e instituciones públicas que confiaban en la documentación apócrifa que presentaban. Algunas ART subcontrataban con ellos sus servicios a escuelas privadas y estatales, “porque ellos ofrecían su servicio a un costo muy bajo, no había quién les ganara”, y se quedaban con licitaciones. Fue así que en un momento los falsos médicos brindaron el servicio de revisaciones médicas y emergencias al Ente de Deportes de la Municipalidad. También se secuestraron sellos de médicos con números de matrículas falsos. Tenían dos ambulancias.

Alberto Netti y sus cómplices actuaban con absoluta impunidad y descaro. Tanto que el 17 de abril de 2008, a instancias del entonces secretario de Salud, había sido invitado a unas jornadas de trabajo en el Concejo Deliberante para tratar la mejora del servicio de ambulancias. Allí, Netti se jactó de que su empresa era la única que podía ofrecer todas las garantías, pues tenía las habilitaciones necesarias y personal adecuado, como un director de accidentología; y que brindaba servicio a unas sesenta escuelas y que a siete de ellas no les cobraba porque eran carenciadas. Y les pidió a los concejales, ese día, que “no se haga negocio con la emergencia”.

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SN

Fuente: Clarín

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