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El juez federal Ariel Lijo ordenó que las viviendas en las que funcionaban los aguantaderos sean expropiadas y usadas para fines sociales
(CABA) Como parte de la lucha contra el narcotráfico, en la Villa 31, convierten búnkers de droga en bibliotecas y centros educativos. El juez federal Ariel Lijo ordenó que las viviendas en las que funcionaban los aguantaderos sean expropiadas y usadas para fines sociales. Se sumará también un espacio para el desarrollo laboral.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 avaló esa iniciativa al hacer lugar al pedido de un fiscal y resolvió la entrega de una vivienda del asentamiento de Retiro a las autoridades de la Dirección de Acceso a la Justicia y su programa ATAJO, de la Procuración General de la Nación, para crear una “Biblioteca popular de Derecho”.
En tanto, otras dos casas serán traspasadas a la órbita de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad para que construya un “Centro de Desarrollo Empresarial y Laboral” y un “Centro Educativo para adultos”.
En su resolución, el magistrado explicó que esos lugares habían sido utilizados por bandas narco que operaban dentro de la villas para almacenar, fraccionar y vender estupefacientes. También se acopiaba armamento. Con los nuevos proyectos buscan que no vuelvan a ser utilizadas con fines delictivos e impulsar así la ayuda a la comunidad. NT