Apelan el fallo que beneficia a la SRA por las obras que no hizo en Palermo

La Sociedad Rural, junto a una empresa de Francisco de Narváez, tomnaron un crédito en el BAPRO que no pagaron por obras que nunca hicieron. La medida motivó la bronca de la presidenta, quien este martes criticó, notablemente ofuscada, el fallo judicial que declaró la prescripción.

Del dictamen se desprende que el exceso en el plazo razonable se debió a las presentaciones de los acusados y a las propias demoras en que incurrió el Poder Judicial.

(CABA) El fiscal ante la Cámara del Crimen Sandro Abraldes apeló el fallo que declaró prescripta una causa por un crédito incobrable de 106 millones de dólares concedido en los ’90 por el Banco Provincia de Buenos Aires a la Sociedad Rural, para un megaemprendimiento de entretenimientos en el predio ferial de Palermo que nunca llegó a concretarse.

La medida fue apelada la semana pasada, antes de que trascendiera la noticia y generara la reacción presidencial.

«En esta causa en la que se investigan hechos gravísimos de corrupción, el juez de primera instancia estimó que había transcurrido el término de la prescripción, en base a la calificación que le asignó a los sucesos -defraudación por administración fraudulenta, en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público… porque a su entender se había superado todo plazo razonable» para arribar a un fallo definitivo, señaló Abraldes.

Pero discrepó con esa decisión y advirtió que «el transcurso de un supuesto de plazo razonable a modo de factor de prescripción» debe estar condicionado por «lo irrazonable, insostenible y escandaloso de las demoras, inútiles paréntesis, alzamientos contra el Superior, incuria funcional y una constante revisión de hecho de los decidido por quienes tienen a su cargo el cumplimiento de diversos actos procesales».

Del dictamen se desprende que el exceso en el plazo razonable se debió a las presentaciones de los acusados y a las propias demoras en que incurrió el Poder Judicial.

Si bien es cierto que la causa lleva 16 años de tramitación, el fiscal apuntó a que una vez resuelta una complicada cuestión de competencia entre la justicia de instrucción y la federal «lejos de re-encausarse al cabo de estos 6 años de discusiones absurdas y estériles, la acción penal legalmente promovida en autos por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, se ve amenazada por nuevas decisiones equivocadas». «Se solicita que tenga por presentado en legal tiempo y forma el presente recurso de casación», reclama el dictamen, que apunta a que la Cámara de Casación revise la prescripción de la causa, informó la agencia DyN.

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