Reemplazan inspectores por iregularidades

(CABA) Por supuestas irregularidades, el Gobierno porteño dejará de contratar Profesionales Verificadores independientes para controlar las obras en construcción. En cambio, elegirá por concurso público a 20 inspectores fijos que trabajarán bajo la órbita de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). En el Ejecutivo argumentan que, en los últimos tres años, recibieron 14.000 denuncias por obras que no coincidían con los planos originales o que se realizaban sin medidas de seguridad.

El Ejecutivo acaba de sacar un decreto que ordena hacer un concurso público y abierto para elegir 20 verificadores para inspeccionar las obras en construcción. Deberán ser profesionales matriculados en sus respectivos Consejos Profesionales, que serán efectivizados y dependerán de la AGC. Hasta que los contraten, las inspecciones se realizarán con recursos propios de la Agencia.

Según la asociación que los agrupa, esto afecta a entre 800 y 1.000 peritos verificadores, que cobran entre $ 200 y $ 400 por cada verificación.

Mientras, en el Gobierno porteño aseguran que quedaban en actividad alrededor de 300 verificadores y que el 30% de los profesionales sorteados rechazaba la convocatoria. En la Agencia sostienen que esto generaba pérdida de tiempo y recursos y demoras en los controles.

Los 20 nuevos inspectores deberán controlar las 4.000 obras simultáneas que hay en la Ciudad, que deben pasar por cuatro instancias de inspección. “Los verificadores controlaban que la obra se correspondiera con el plano. Pero como no tenían poder de policía, si había diferencias no podían clausurarla y sólo podían elevar un informe. Cuando nuestro inspector concurría a efectivizar la clausura, muchas veces ya se encontraba, por ejemplo, con pisos de más hechos. Aún así, no hubo ni una demolición. Como los nuevos inspectores sí van a tener poder de policía, estarán facultados para clausurar en el momento”, explica Juan José Gómez Centurión, el titular de la AGC.

Con el cambio actual, se vuelve al modelo anterior de inspecciones, que eran realizadas por personal propio del Gobierno porteño. Sin embargo, en el año 2000 se decidió reemplazarlo por los profesionales verificadores independientes, como arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra, que eran elegidos por sorteo para que chequeen si la obra se correspondía con el plano aprobado. En 2003, el sistema se hizo también extensivo al control de los ascensores y, debido a las denuncias y sospechas de corrupción que recaían sobre los inspectores, a las habilitaciones (ver Un sistema…). Pero, según la AGC, en estas dos últimas áreas desde hace un tiempo ya volvieron a trabajar con personal propio.

En la Agencia explican que en los últimos tres años, a través de la línea para reclamos que tiene el Gobierno porteño, con el número 147, recibieron 14.000 denuncias por obras que, pese a haber pasado la verificación, tenían irregularidades.

El 80% porque no coincidían con el plano original, y el resto tenía que ver con falta de medidas de seguridad, como pantallas protectoras o soportes para evitar desmoronamientos en propiedades linderas. Esa falencia fue la que en 2010 provocó el derrumbe de un gimnasio en Villa Urquiza.

Allí hubo tres muertos y la Justicia procesó al ingeniero civil a cargo de la obra y a otras dos personas.

En 2011, también se vino abajo todo el cuerpo de un edificio en la calle Bartolomé Mitre al 1200.

Hubo un muerto y se inició una investigación judicial. La Ciudad expropió los inmuebles e indemnizó a los damnificados.

“Si a los verificadores nos reemplazan por inspectores fijos del Gobierno porteño, vamos a volver a los problemas de casi 15 años atrás –advierte el maestro mayor de obras Jorge Kalizsky, de la Agrupación de Profesionales Peritos Verificadores–. Con nuestras verificaciones estamos constatando que el inspector no genere nichos de corrupción. Si hay diferencias, se las informamos a la Agencia y después ellos resuelven qué hacer. Pero a nosotros no nos informan qué resuelven. En la Agencia nos ignoran. Nos pagan poco y no lo actualizan desde 2008”.

Gómez Centurión promete que para controlar mejor las obras armará un sistema “transparente y trazable” y afirma que eso es imposible de lograr con profesionales externos, que trabajan en forma eventual para el Ejecutivo. “Un inspector con una orden de trabajo por sorteo es difícil de controlar –asegura–. Los nuevos inspectores serán elegidos por concurso y van a tener los deberes y obligaciones de un funcionario público, lo que va a facilitar su control”.

Fuente: Clarin