Mudarán a las últimas familias y la villa 26 de Barracas quedará reducida a escombros

(CABA) Los últimos días en la villa 26 fueron agitados. Hay ansiedad por lo que vendrá, un cambio radical en la vida de las 118 familias que aún viven en esa franja del barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo. Una palabra se repite en los pasillos: mudanza. Desde 2015, cuando 104 hogares del asentamiento fueron relocalizados, los que quedaron esperan el momento en que lleguen los camiones y empiece el operativo.

La fecha ya está establecida. Entre el 11 y 17 de este mes dejarán atrás las casillas ruinosas y expuestas a la contaminación del río para ser propietarios de nuevas viviendas en complejos de Barracas y Parque Avellaneda. Todos tendrán el título de propiedad en su poder y el compromiso de afrontar un crédito hipotecario con cuotas adecuadas a las posibilidades económicas de cada uno. Cuando las últimas familias se muden, la villa 26 quedará reducida a escombros y en el lugar avanzarán los senderos, parques y calles del proyecto Camino de Sirga, como ocurrió en el espacio liberado en 2015.

Es un paso más del proceso que se inició en la ciudad en 2014, con el objetivo de relocalizar a toda la población de la vera del Riachuelo. Hasta el momento fueron reubicadas 566 de las 1837 familias registradas en el censo de 2010; vivían en los asentamientos Luján, Magaldi y El Pueblito, y en las villas 26 y 21-24. Las más de 1100 restantes habitan en el meandro y pertenecen a la 21-24; para ellas, el Instituto de la Vivienda (IVC) construye unidades en cinco complejos habitacionales. Según la promesa oficial, para 2019 ya habrán sido trasladadas.

La nueva mudanza, que coordinará el IVC, responde a una obligación del gobierno porteño tras un fallo judicial de la Corte Suprema, conocido como el Fallo Mendoza, de abril de 2008. El tribunal exigió, entre otras cosas, que los gobiernos de todas las jurisdicciones de la cuenca Matanza-Riachuelo garanticen mejores condiciones de vida a las personas instaladas en los primeros 35 metros de la orilla, mediante relocalizaciones. El proceso avanza a paso lento.

Vale recordar, además, que ya pasaron siete años del convenio firmado entre el Estado nacional, la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y 14 municipios para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental y muchos vecinos siguen aún esperando respuestas. De las 17.771 soluciones habitacionales necesarias para familias en situación de mayor peligro, , contempladas en dicho acuerdo, sólo se entregaron 3725, según cifras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

La 26 tiene una estructura diferente de la de otras villas porteñas. Tiene un sólo pasillo con casas a ambos lados; algunas, sobre la margen del Riachuelo. Hay una que llama la atención porque cuelga sobre el agua, apoyada en columnas de hormigón que se hunden entre el fango y la basura. “Las hizo un tío nuestro porque cada vez que el río subía se llevaba una parte de la casa. Así ganamos un espacio más, que usamos para dormir o cocinar“, cuenta Ángeles Parindari, que desde que nació vive allí junto a sus cinco hermanos, sus padres y su abuela.

Ángeles tiene un quiosco que da al pasillo y vende un poco de todo: productos de limpieza, cigarrillos, productos comestibles. Atiende por una ventana en la que cuelgan carteles escritos sobre cartones. Su mamá, Ana, es secretaria y está estudiando para chef; su papá, Ricardo, trabaja en la cocina de un supermercado. “La mudanza es necesaria. No se vive bien cerca del río porque hay ratas, lagartijas, víboras. Tuvimos muchas enfermedades respiratorias, sobre todo los chicos, y también infecciones”, recuerda.

Cuando finalizó la relocalización de los primeros vecinos de la 26, empezaron reuniones semanales con los demás habitantes para organizar temas como formación de consorcios, asignación de los departamentos, vacantes en los colegios y más. “Ayer fui a la reunión para saber cuándo nos mudaríamos, fue como estar en una lotería”, dice Ángeles, entre risas ansiosas. La familia se mudará a dos unidades del complejo de la calle Lacarra, que cuenta con 54 departamentos en Parque Avellaneda. El otro módulo, situado en San Antonio al 700, en Barracas, tiene 64.

La asignación se realizó según la cantidad de miembros de la familia y los ambientes que necesitaban. Además, se les ofreció elegir con qué vecinos compartir el entorno. En los casos en que eso fue posible, se destinó a todos un mismo sector. “Esta dinámica es importante para que el proceso se facilite: no sólo se apropian de la casa sino también del proceso. La persona deja de ser objeto de políticas públicas y pasa a ser sujeto de políticas públicas”, opina el presidente del IVC, Juan Maquieyra.

En las próximas semanas se terminarán de definir las líneas de créditos que deberán afrontar los vecinos y, en dos meses aproximadamente, comenzarían a pagar las primeras cuotas. Ésa es una preocupación para Marcelo Gregorio, a pesar de esperar ansioso la mudanza y de saber que es necesario un cambio, sobre todo para sus hijas. “Estaba más contento cuando tenía laburo, ahora no tengo y se me hace difícil afrontar gastos. La casa no me la regalan, tengo que pagar cuotas, por más que sea muy baja. La gente piensa que es todo gratis y nada que ver”, dice, rodeado de tres de sus hijas, recién llegado de preparar cuatro kilos de milanesas en un comedor comunitario donde hace trabajo voluntario.

A la casa actual, donde La Nación lo encuentra tomando mate, llegó relocalizado hace dos años y ahora espera la mudanza a un departamento de Lacarra. Él y su familia vivían en la primera zona que fue liberada. “No voy más para ese lado, ni siquiera miro. Acá empezamos con mi esposa, nacieron todas mis hijas… Al Riachuelo ya estamos acostumbrados, pero no se puede vivir más. Acá las ratas ya no son como gatos, son como caballos”, describe, y despierta las risas de sus hijas. NR

Fuente consultada: La Nación