Los puesteros de Constitución que volvieron hoy al corte pagaban un canon al PRO

Los puesteros desalojados por el macrismo de Plaza Constitución, que este martes desde las 9 volverán a cortar el tránsito de la avenida Juan de Garay, pagaban un canon al Gobierno porteño.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a haber negado sistemáticamente los permisos de trabajo a los puesteros que finalmente terminó desalojando el domingo pasado en Plaza Constitución, siguió cobrándoles un canon mensual, de manera ilegal. Esto se desprende de los mismos comprobantes emitidos por la Dirección General de Tesorería porteña, que tienen en su poder varios de los comerciantes cuyos puestos fueron desmantelados, donde constan las fechas de pago y los montos abonados. La Defensoría del Pueblo porteña inició ayer una investigación de oficio por el desalojo, la destrucción de los puestos y de la mercadería, y para establecer si existió violencia policial de parte de los efectivos de la Metropolitana durante el operativo realizado en la madrugada del domingo.

Además, indagará en los motivos por los que la administración PRO les siguió exigiendo el dinero mensual como si estuviesen habilitados. En ese marco, el jueves está previsto que se discuta en la Legislatura un proyecto de ley impulsado por el PRO que beneficiaría a concesionarios privados en las plazas públicas de la Ciudad.

Según informes oficiales, la treintena de puestos ubicados en Constitución tenían permisos otorgados en el año 2004, cuyo vencimiento operó automáticamente al año siguiente, sin respuesta oficial a los pedidos de prórroga solicitados por los comerciantes bajo el argumento de problemas administrativos.

Algunos de ellos obtuvieron medidas cautelares para poder seguir trabajando. La mayoría están amparados bajo la Ley 1166 que regula las categorías 1, 2, 3 y 4 que clasifican a los puestos con ubicación fija y determinada de parrillas y venta de golosinas, panchos y garrapiñadas, con un canon correspondiente.

“El Ministerio de Espacio Público pasa por encima del órgano de aplicación, que es la Dirección de Higiene, y dispone reordenar las plazas, levantando los puestos”, aseguró a Tiempo Argentino Daniel Cifuentes, de la Coordinadora de Venta Ambulante. En rigor, los números de inscripción los otorgó esa dependencia pero el permiso definitivo fue retaceado por la cartera de Espacio Público, incluso en casos donde a los comerciantes les habían hecho llegar una cédula de notificación para advertir que debían pasar a retirarlos.

Canon

El recibo otorgado por la Dirección General de Tesorería (DGT-GCBA) cita en Avenida Belgrano 840 se enmarca en lo dispuesto por la Ley 1166 y el concepto es por el “pago” de un monto de 109 pesos por mes “por la ocupación y/uso de la superficie de bienes del dominio público con puestos de venta ambulante por cuenta propia o de terceros/as”. Allí aparecen firmados y con un número de permiso asignado, además de por el impreso electrónico emitido por la línea de cajas de la tesorería porteña. Es decir, pese a que no tenían habilitaciones según el Ministerio de Espacio Público, se les asignaba un número de permiso y se les tomaban mes a mes los pagos bajo el rubro de expendio de alimentos. En Derecho Administrativo, estos pagos garantizan a través de una “tácita reconducción”, el derecho a la explotación, aunque en este caso, la Ciudad recibió ingresos de quienes luego decidió desconocer.

En hechos similares, la gestión PRO adujo la ausencia de cruce de información sobre los contribuyentes.