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La política de infraestructura ferroviaria suma un nuevo capítulo que genera atención. Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) realizó la apertura de sobres de una millonaria licitación de la línea Urquiza, destinada a la compra de insumos técnicos.
El dato saliente es que esta inversión será íntegramente costeada con fondos públicos, a pesar de que el ramal es operado desde hace más de tres décadas por la concesionaria privada Metrovías, cuyo contrato fue recientemente prorrogado por el Gobierno hasta mediados de 2027.
Tras un primer llamado que quedó desierto, la ADIF avanzó con una segunda convocatoria donde se presentó un único oferente (la empresa Copimex). Si la propuesta es declarada admisible, se avanzará con la adjudicación.
Esta licitación de la línea Urquiza no abarca mano de obra, sino la adquisición exclusiva de elementos para el accionamiento de barreras automáticas, tales como:
Esta compra se suma a otras inversiones recientes financiadas por el Estado en la misma línea, como la reconstrucción integral de la estación Lemos, que ya se encuentra en marcha.
La situación del Urquiza no es un caso aislado. En la línea Belgrano Norte, operada por la concesionaria Ferrovías desde 1994 y con el contrato también extendido, el Estado lanzó un agresivo paquete de obras con fondos públicos.
Entre las licitaciones más destacadas para este ramal se encuentran:
¿Por qué el Estado asume estos costos en líneas concesionadas cuyos contratos originales vencieron en 2018? La respuesta radica en el plan del actual Gobierno.
La prórroga de los contratos de Metrovías y Ferrovías (las únicas dos sobrevivientes de las privatizaciones de los años 90) busca armonizar los procesos para una futura reconcesión global que incluya a las líneas que hoy opera la estatal SOFSA.
El esquema privatizador que diseña el Ejecutivo no contempla que los privados realicen grandes inversiones en infraestructura ni en material rodante. De esta manera, al financiar obras como la actual licitación de la línea Urquiza o la reciente reactivación de compra de cochemotores diésel, el Estado busca acondicionar la red para hacerla atractiva y viable para los futuros operadores privados, replicando un modelo que también se observa en los trenes de carga.