La Legislatura porteña aprobó la Ley anti trapitos y el financiamiento para la Línea F de subte

En una jornada clave para el futuro del espacio público y la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña aprobó dos iniciativas fundamentales impulsadas por el Ejecutivo: una reforma integral al Código Contravencional para endurecer las penas contra cuidacoches y limpiavidrios, y la autorización para tomar deuda destinada a la construcción de la nueva Línea F de subterráneos.

Tolerancia cero: cárcel y multas millonarias para los trapitos

Con 36 votos positivos, los legisladores dieron luz verde a la nueva Ley 6961, un proyecto impulsado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que busca erradicar la extorsión en las calles de la Ciudad. La normativa otorga mayores facultades a la Policía de la Ciudad para detener a quienes se apropien del espacio público.

«Lo dije desde el primer día: los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero» afirmó el Jefe de Gobierno tras la sanción, recordando que entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se labraron más de 13.000 contravenciones que terminaban siendo incobrables.

A partir de ahora, la actividad ilegal enfrentará sanciones severas y de cumplimiento efectivo:

• Cuidacoches en la vía pública: Quienes exijan dinero por cuidar vehículos en cualquier calle de la Ciudad enfrentarán entre 10 y 30 días de detención.
• Eventos masivos: Si se demuestra la existencia de una banda organizada operando en las inmediaciones de un evento, las penas serán de 20 a 50 días de cárcel.
• Jefes y organizadores: Los promotores de estas mafias recibirán la pena máxima, con hasta 60 días de prisión.
• Agravantes por violencia y género: Las penas se duplicarán ante situaciones de acoso generalizado, aprietes, intimidación o cuando la conducta esté basada en la desigualdad de género.
• Multas económicas y trabajo comunitario: Las multas, que antes tenían un tope de $285.000, ahora partirán desde $1.139.988. Además, los días de «utilidad pública» se extienden a un período de entre 20 y 45 días.
• Suspensión de planes sociales: Los infractores organizados podrán ser inhabilitados por hasta dos años para acceder a programas sociales o subsidios de la Ciudad.

Mayor control en espectáculos y sanciones a clubes

La nueva ley también pone la lupa sobre las instituciones que actúan en complicidad con estas organizaciones. La prohibición de la actividad de los trapitos se aplicará ahora a cualquier tipo de evento dentro de la Ciudad (no solo deportivos o artísticos), y el radio de control se extenderá hasta 50 cuadras a la redonda. Además, los operativos comenzarán 6 horas antes del inicio del espectáculo y finalizarán 3 horas después.

Si se comprueba que integrantes de un club o entidad organizadora participan directa o indirectamente del negocio ilegal, el Gobierno porteño podrá aplicar clausuras institucionales de hasta 90 días y multas que alcanzarán los 20 millones de pesos.

Luz verde para la Línea F: el regreso a la expansión del subte

En la misma sesión, y con un contundente respaldo de 56 votos positivos y solo uno negativo, la Legislatura autorizó a la Ciudad a tomar deuda para financiar la construcción de la postergada Línea F de subtes.

Esta medida faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas a gestionar préstamos con organismos multilaterales o bilaterales de crédito por un monto máximo de USD 1.350 millones. Los fondos tendrán como destino exclusivo la ingeniería y la construcción de la primera etapa civil de la traza.

El proyecto estipula un recorrido total de 9,8 kilómetros que conectará el sur (Barracas) con el norte de la Ciudad, permitiendo combinar con las otras seis líneas de la red. Esta obra promete cambiar los flujos de viaje hacia el macrocentro, mejorando drásticamente la conectividad transversal porteña.

Esta autorización se apoya en el sólido historial crediticio de la Ciudad, que recientemente logró colocar USD 500 millones en el mercado internacional a una tasa del 7,3% y obtuvo una mejora en su calificación de riesgo por parte de la agencia Moody’s, pasando de AA+ a AAA.