Crece el número de inquilinos frente a la imposibilidad de comprar la casa propia

(CABA) Alquilar una vivienda puede resultar una verdadera odisea. Re­quisitos abusivos, ga­rantías imposibles, precios exorbi­tantes y cartelización del mercado inmobiliario son algunos de los es­collos que los porteños padecen a la hora de alquilar un techo donde vivir. La ausencia de una ley que regule el mercado de alquileres deja a los inquilinos librados a su suerte.

Hasta no hace muchos años, para la clase media, alquilar un de­partamento en la Ciudad era un paso previo, casi obligado, en el camino a la compra de la vivien­da propia. Pero esos tiempos que­daron atrás. Si hay una tendencia que –efectivamente– no pareciera tener techo, es la inquilinización de la Ciudad: hay cada vez más inqui­linos y menos propietarios.

El porcentaje no para de crecer desde 2001: uno de cada tres por­teños alquila. Según estadísticas oficiales, a pesar de haber atrave­sado un boom de la construcción (se sumaron más de 150 mil vivien­das nuevas), la cantidad de inquili­nos en la Ciudad pasó del 22,1% en 2001 a más del 33% en la ac­tualidad. Pasado en limpio, signifi­ca que un millón de personas al­quilan unas 370 mil viviendas.

¿Quiénes son, dónde y cómo viven? La Ciudad no lo sabe. La Dirección General de Estadística y Censos prepara para presentar en mayo un índice que incluirá el per­fil de los inquilinos, según adelan­taron fuentes de ese organismo. El legislador del Fren­te Popular y Progresista, Fernan­do Muñoz, detectó esta necesidad y lanzó una encuesta online que permite una aproximación a este universo. De la muestra de más de 600 casos se extrae que casi la mi­tad de los inquilinos tiene entre 26 y 35 años, y viven repartidos en­tre Caballito, Almagro, Balvanera y Palermo; para la mayoría el alqui­ler representa entre el 30 y el 40% de sus ingresos. Y el dato más alar­mante: el 70% considera que no puede comprar una vivienda.

El gobierno reconoce que los porteños se alejan cada vez más de la posibilidad de ser propietarios. Según el índice elaborado por Es­tadísticas de la Ciudad presentado a principios de febrero, que mide el salario en relación con el valor no­minal de un departamento de 70 m2, la brecha se amplió en 50 pun­tos porcentuales debido a la suba de los precios inmobiliarios y la au­sencia de créditos hipotecarios.

El crecimiento de la masa de inquilinos y la imposibilidad, cada vez más profunda, de acceder a la vivienda propia son indicadores que están estrechamente conecta­dos por la lógica. El que no pue­de comprar alquila. Y si comprar se hace cada vez más difícil, ¿qué pasa con los alquileres? Suben el precio y amplían requisitos.

La regulación del mercado de alquileres está sujeta a la ley nacio­nal de locaciones, que fija cuatro cuestiones medulares: la duración del contrato (mínimo tres años), la obligación de un mes de depósi­to de garantía en favor del propie­tario, la presentación de una ga­rantía y la imposibilidad de indexar (aumentar) los precios. Además, en la Ciudad rige la ley 2340, que creó el Colegio Único de Corredo­res Inmobiliarios y que estipula un tope de comisión del 4,15%.

Más allá de la colegiatura inmo­biliaria, en la Ciudad lo que impe­ra es la ley de mercado, que deja a los inquilinos a merced de requisi­tos cada vez más abusivos.

La realidad indica que la du­ración promedio de los con­tratos es de dos años, a pesar de que la ley esta­blece un mínimo de tres. En vez de un mes de depó­sito en caución como garan­tía por año de alquiler, se piden hasta tres y, en algunos casos, cuatro. Se pactan aumentos se­mestrales, sujetos a renegociacio­nes. Las inmobiliarias, en tanto, so­brepasan con creces el porcentaje de comisión. Y las garantías se res­tringen a propiedades radicadas en la Ciudad. “Las inmobiliarias eluden el cumplimiento de la ley, no dan recibos y armaron un gran mercado negro para­lelo”, indica el legislador Fernan­do Muñoz, quien presentó diversas iniciativas para pro­teger al inquilino. “No hay control, no hay un espacio de negociación; el go­bierno está ausen­te. Está la familia que busca un departamento de un lado y la corporación inmobiliaria del otro, que fija las condiciones”, agrega.

El círculo de desprotección se cierra con una paradoja: según la ley, quienes deben controlar a las inmobiliarias son… las mismas in­mobiliarias. Y es más: si uno qui­siera denunciar este tipo de abusos en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, debe pagar una tasa de 360 pesos. Como leyó: hay que pagar para denunciar.

Desde Defensa al Consumidor de la Ciudad aclararon que si bien las inmobiliarias pueden plantear su incompetencia, este organismo puede “tomar parte” en los con­flictos con los inquilinos. “Siempre y cuando intervenga una inmobi­liaria como proveedor, Defensa al Consumidor puede intervenir”, aseguran.