Unos 18 pueblos originarios reclaman tierras en la provincia de Buenos Aires

(PBA) En Los Toldos vive la población mapuche más grande de la provincia de Buenos Aires. Son 1370 familias que hace por lo menos una década empezaron a militar su identidad indígena con mayor fortaleza. Las unen raíces comunes y su cultura ancestral. Pero también pelean por la restitución de 4000 hectáreas de las que afirman haber sido despojadas en el último siglo por engaños o ventas efectuadas a precios irrisorios.

El caso de Los Toldos es emblemático. Hace 151 años, el entonces presidente Bartolomé Mitre les otorgó por ley a los mapuches 16.408 hectáreas, y hoy conservan 1000. Sin embargo, la demanda no es un caso aislado, ya que otras 17 comunidades indígenas de la provincia iniciaron gestiones o juicios para que el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, les restituya tierras, les dé predios como parte de una reparación histórica o les permita conservar sitios donde encontraron restos arqueológicos, tal como da cuenta un informe de Amnistía Internacional.

También hay demandas de tobas, qoms, kollas, mocovíes y guaraníes. Cada comunidad pelea por espacios que van de una a 4000 hectáreas. Hay reclamos en General Viamonte, Olavarría, Azul, José C. Paz, Moreno, Glew, Berisso, Tigre y La Plata.

El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, registra 91 comunidades en la provincia. Es decir que dos de cada 10 agrupaciones demanda tierras. Lo fundamentan en el derecho consagrado en el artículo 75 de la Constitución, que llama a garantizar “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Y en el convenio 169 de la OIT, que establece que “deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado” y que se “deberá indemnizar plenamente a las personas trasladadas y reubicadas”.

Estos reclamos adquirieron mayor visibilidad en los últimos dos meses por el caso de Santiago Maldonado, que, además de su desaparición el 1º de agosto en una protesta mapuche, puso la lupa sobre la ley 26.160, que en 2006 declaró la emergencia en la posesión y propiedad de las tierras ocupadas por comunidades indígenas y mantiene suspendidos los desalojos hasta que se haga un relevamiento técnico, jurídico y catastral de esos predios. Esa ley perderá vigencia el 23 del mes próximo, pero su prórroga por cuatro años obtuvo un voto favorable en el Senado.

Ese estudio no se completó. En Buenos Aires se relevó el territorio de 24 comunidades indígenas, según informó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En la provincia, el resorte de las demandas es principalmente el CPAI, que articula posibles soluciones con el INAI y los municipios. “Hay una demora de 200 años en encontrar respuestas”, reconoce Mishkila Rojas, secretaria ejecutiva del CPAI. Para la funcionaria, “el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra es indiscutible” y es un deber del Estado “regular la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Y aunque prefirió no detallar casos puntuales, afirmó que en la provincia trabajan “para adecuar esa respuesta a las demandas existentes”.

Los datos del último censo permiten entender la situación. En el interior de la provincia viven 112.671 personas que se reconocen como descendientes o miembros de comunidades indígenas. De ellas, y pese a que sus antepasados se dedicaron a la agricultura y la ganadería, el 93% vive en áreas urbanas. Mientras que la población indígena radicada en el Gran Buenos Aires es de 186.640 personas, lo que a su vez expone lo que varios expertos consideran una expulsión forzada de sus sitios de origen. De ellos, el 99,8% vive en zonas urbanas.

En las afueras de La Plata vive la comunidad guaraní Iwi Imemby. Su historia es representativa de familias indígenas que habitan el conurbano. Son 50 personas que llegaron hace 14 años al barrio El Peligro tras ser desalojadas de un campo en Orán, en Salta.

Gumersindo Segundo es el consejero de la comunidad. Cuenta que deben cuatro meses de alquiler de las cuatro hectáreas que rentan y temen terminar en una villa. “Nuestros antepasados fueron despojados de sus tierras por latifundistas. No sabían leer, no conocían de leyes. Cuando ocupamos el predio en Orán, pensamos que era del Estado, no de un ingenio azucarero. Queremos una reparación histórica“, afirma. En abril, su comunidad presentó una demanda judicial, aún en curso, para que el Estado les dé un campo de 150 hectáreas donde vivir, cultivar y reproducir su cosmovisión.

Relevamiento
Este caso es uno de los que ocupan al CPAI, que releva junto con al INAI qué tierras podrían satisfacer el pedido. Pero la realidad marca que las soluciones son complejas y se dan lentamente. Hay pocos ejemplos para citar. Uno de ellos es el de la comunidad toba 19 de Abril, de Chaco, que en 2007 logró a partir de la intervención del INAI la propiedad de cinco hectáreas en Marcos Paz, o una agrupación mocoví que llegó de Santa Fe, se radicó en Berisso y, en 2008, consiguió que el INAI financiara la compra de una hectárea y media.

El de Los Toldos puede convertirse en un caso que genere jurisprudencia. Al ser tan generalizado el reclamo, la Defensoría del Pueblo bonaerense, en acuerdo con la Municipalidad de General Viamonte y el INAI, realiza un relevamiento jurídico de los campos que los mapuches afirman que tuvieron que vender irregularmente. Cuando esté ese detalle, la comunidad iniciaría demandas individuales. “El Código Civil reconoce el derecho de retrotraer una venta cuando no es justa. Esos casos de aprovechamiento existieron, pero son los menos”, dice el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.

En la Asociación Rural de General Viamonte, que reúne a 200 de los 260 productores del partido, están al tanto del reclamo. “Puede ser que haya habido campos, en porciones chicas, que los perdieron o tuvieron que entregar por deudas en almacenes. Pero son cosas que pasaron hace muchos años. Y hubo un desinterés muy grande de los mapuches por los campos”, indica el vicepresidente Martín Griguoli.

Según explica Nilo Cayuqueo, fundador de la Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia, el problema con la venta de tierras en Los Toldos nace con la falta de títulos de propiedad individual que habilite la venta legítima de campos que eran parte de las 16.408 hectáreas cedidas por Mitre. Lo único que tenían los mapuches era un título comunitario. Por eso, las ventas que realizaron muchos mapuches, engañados o no, se hicieron con boletos de compraventa que no permitían escriturar. “El despojo legal llegó en 1978, cuando la provincia les permitió a los compradores escriturar bajo el proceso de posesión veinteañal”, dice Cayuqueo. NR

Fuente consultada: La Nación