Buenos Aires, 28/03/2024, edición Nº 4152
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Tragedia de Once: piden el procesamiento de todos los involucrados

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Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Claudio Cirigliano y el maquinista Carlos Córdoba, entre otros, deberán ser procesados por la Tragedia de Once, según pide el fiscal que entiende en la Causa.

"TBA Mata" Foto: Anabella Belén Aguilar

(Ciudad de Buenos Aires) El fiscal federal Federico Delgado solicitó el procesamiento de todos los imputados en la causa por el accidente ferroviario del 22 de febrero en la estación Once, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.

El pedido incluye a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, al presidente de Cometrans, Claudio Cirigliano; al titular de TBA (ex concesionaria del servicio de las líneas Mitre y el Sarmiento), Carlo Michele Ferrari; al asesor administrativo financiero del gerente de administración y finanzas de esa empresa, Antonio Cirigliano; y al motorman Marcos Córdoba.

“La Fiscalía solicita mediante el presente dictamen que Vuestra Señoría (el juez federal Claudio Bonadio) procese a las siguientes personas agrupadas en dos grandes conjuntos”, señala la solicitud dispuesta en una decena de carillas, a la que Télam tuvo acceso.

El primero está integrado por el denominado `Grupo Cirigliano` y por el maquinista que conducía la formación del Sarmiento al momento de la tragedia, y el segundo está integrado por funcionarios públicos con competencia en materia del transporte.

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En el primer grupo el fiscal Delgado incluyó, también, a Jorge de los Reyes, vicepresidente de TBA; Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans; a los directores de TBA Carlos Esteban Pont y Francisco Adalberto Pafumi; a Miguel Werba, director suplente y accionista de Cometrans SA; a Daniel Rubio, gerente de administración y finanzas de TBA; a Jorge Alvarez, vicepresidente de TBA; y a Laura Aida Ballesteros, directora de TBA.

Esa nómina incluye, además, a los directores de TBA Víctor Astrella, Antonio Marcelo Suárez y Guillermo D´Abenigno; a Gustavo Zeni Jaunsaras, director suplente al igual que Víctor Heinecke; a los directores de Cometrans Alejandro Lopardo y José Doce Porta, al presidente de TBA, Marcelo Alberto Calderón; a Sergio Tempone, gerente de operaciones; a Roque Cirigliano, gerente de material rodante; a Daniel Lodola, gerente de la línea Sarmiento; a Pedro Ranieri, jefe del taller de Castelar; y a Luis Ninona, jefe de material rodante y gerente de las líneas Mitre y Sarmiento.

Finalmente, completan la nómina Santiago Kaplun, accionista de TBA; y al abogado Carlos Alberto Lluch, apoderado de TBA.

En el grupo de funcionarios, en tanto, el fiscal Delgado suma a Schiavi y Jaime los nombres de Guillermo Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario; Pedro Ochoa Romero, interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) desde el 9 de febrero de 2004; y Antonio Eduardo Sícaro, interventor de la CNRT desde el 11 de diciembre de 2007.

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“Lo decisivo, para este caso, pasa por captar que hubo muchas negligencias y que no todas ocurrieron en el mismo tiempo. Sin embargo, todas fueron eslabones de una cadena que se cerró el 22 de febrero”, apuntó Delgado al pedir los procesamientos.

“Schiavi, Jaime y Luna que no implementaron decisiones de control. El desempeño de Ochoa Romeo y Sícaro no traspasó la formalidad en esa materia. Córdoba que no prestó la atención necesaria. Los integrantes del `grupo Cirigliano` que se guiaron por un frío interés de lucro al que subordinaron el compromiso asumido al firmar el contrato de concesión. Todos ellos encadenaron sus `negligencias` y causaron el resultado”, añadió.

En el extenso dictamen, el fiscal indicó que “las razones que nos llevan a solicitar al Señor juez que resuelva de tal manera se sustentan en los numerosos elementos probatorios reunidos en la causa y que fueron enumerados al momento de que cada uno de los nombrados realizara su respectivo acto de defensa”.

Por otra parte, Delgado se remitió a su dictamen del 17 de abril último y sostuvo que “aquel resulta `vigente` hoy día porque desde el momento en el cual se fijó la posición del Ministerio Público y transcurridos dos meses de ello, nada cambió. Es más, la hipótesis planteada por la fiscalía se fortaleció y, con el grado de certeza que requiere esta etapa preliminar del proceso, podemos decir que el panorama se encuentra prácticamente clarificado”, completó.

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Además, el fiscal evaluó que “las tareas periciales fueron decisivas tanto para la responsabilidad que le cupo al maquinista como a los funcionarios del Estado y directivos de TBA”.

En ese marco, destacó que “también lo fueron las inspecciones hechas inmediatamente en el lugar por técnicos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor, los testimonios de los usuarios obtenidos por los policías que estaban en `Once` y los dichos de María Teresa Gualtieri, del sindicato de ferroviarios, que declararon ante la fiscalía y facilitaron importantísima documentación para la pesquisa” de la tragedia.

En otro tramo del dictamen, el fiscal hizo referencia a las indagatorias y sostuvo que “la estrategia defensista de los abogados que asesoraron a los imputados se centró en una suerte de relato tipo `plancha` en las que, genéricamente, se deslindaban recíprocamente la responsabilidad funcional y empresarial”.

Además, afirmó que los empresarios y funcionarios públicos “desviaron una gran cantidad de caudales públicos que, si bien estaban dirigidos al proyecto ferroviario, no llegó a su destino”. (Télam)

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