Buenos Aires, 25/02/2018, edición Nº 1929
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Sociedad

La sociedad porteña y el problema de la “clandestinidad institucionalizada”

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Infringir la ley y no ser atrapado ya no es el único problema. Ahora, el hecho de burlar la autoridad se ha transformado es un nuevo tipo de exhibicionismo.

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(CABA) Una práctica extraña comenzó a observarse desde hace algunos años en la Argentina. Primero ocasional y tímida; luego, cada vez más extendida y desenfadada. Una práctica que consiste en adulterar el número de las chapas patente de los autos o de las motos mediante diversos procedimientos: pegar sobre ellas cintas que impiden su correcta lectura, retocar, por ejemplo, una E para convertirla en una F, o taparlas directamente con papel o con trozos de plástico. Se ve en barrios elegantes y populares, en vehículos costosos y en otros económicos. Es, por así decirlo, una conducta policlasista, que podría ser considerada una picardía, una forma menor de la transgresión, pero que puede también ser interpretada como un indicio, el síntoma de algo distinto que ese puro hecho en apariencia irrelevante.

La chapa patente fue en sus inicios, sin duda, parte del dispositivo de control del Estado sobre los individuos, pero se convirtió en un complejo artefacto cultural en el cual se expresan derechos -el de propiedad, por ejemplo- y obligaciones: la voluntad de respetar las normas, reglamentos y leyes que ordenan la circulación, y la aceptación de que violar esas normas implica eventualmente molestias, perjuicios o daños a terceros.

A pesar de aquellas normas y de este dispositivo, en la Argentina -como en muchos otros sitios- numerosos conductores cometen infracciones. Un rasgo propio de la infracción, una particularidad que la diferencia de casi cualquier otro acto, radica en que, normalmente, quien la realiza la disimula. La conciencia de la acción indebida exige que en el momento de cometerla se pretenda igualmente no ser descubierto. La infracción -cualquiera que sea- es a la vez una acción y su ocultamiento, el intento de ponerla fuera de la luz pública, de volverla invisible.

La manipulación de las chapas patente rompe con la lógica de la infracción. Es, por supuesto, una acción ilegal en sí misma; pero anuncia, a la vez, que quien comete ese acto ilegal lo hace porque tiene la intención de cometer otro diferente de aquél: estacionar mal, exceder el límite de velocidad, no respetar un semáforo. Es decir, está anunciando en público, anticipando que tiene la voluntad de hacer algo que perjudicará potencialmente a otro o a otros. Y, a la vez, tercera característica, necesita de la indiferencia de las autoridades y de los ciudadanos ante la conducta de aquellos que no sólo hacen algo ilegal, sino que con esa acción anuncian que harán otra cosa también ilegal y potencialmente dañina.

Resulta evidente que este comportamiento tiene mucho en común con aquello que Carlos Nino denominó anomia boba. Pero hay algo adicional, algo peor todavía que la pura anomia, que es el anuncio, por medio de una acción ilegal hecha pública, de la intención de hacer otra cosa ilegal en el futuro. Una especie de arrogancia de la ilegalidad, que podría considerarse, si se me permite el oxímoron, “clandestinidad pública” o “clandestinidad institucionalizada“.

Allí radica el valor de síntoma de la manipulación de las chapas patente en la Argentina. El paso del ocultamiento a la exhibición sólo es posible si está acompañado por la certeza de la impunidad; pero, peor aún, expresa una mutación del concepto de decencia pública. Tal como enseña Jean-Claude Bologne en su libro sobre la historia del pudor, cuando aquello que no podía mostrarse se comienza a volver visible, si el cambio afecta la vida privada se expresa en términos de pudor, pero cuando afecta la vida pública, lo hace en términos de decencia. Comenzar a mostrar aquello que antes se ocultaba, exponer la voluntad de hacer algo ilegal (haciendo para ello algo también ilegal), implica la transformación del código moral característico de una época y de un lugar.

El ejemplo de la adulteración de las patentes sirve, entonces, para señalar la creciente indecencia de una parte de la sociedad que no sólo actúa contra las normas, sino que declara su decisión de hacerlo, exhibe los beneficios obtenidos por haberlo hecho o su indiferencia respecto de la obligación de cumplir con ellas. Es claramente el caso de los funcionarios que muestran riquezas cuyo origen no pueden explicar, de intermediarios menores que actúan entre la política y los negocios y exhiben propiedades extraordinarias, de socios del poder enriquecidos súbitamente.

Nada de esto es nuevo, sin duda. Pero lo particular no es tan sólo -como se dice habitualmente- el orden de magnitud, sino la creciente indecencia. No como un problema moral, aunque sea también un problema moral, sino fundamentalmente como un problema político, un problema asociado con las virtudes públicas -“solidaridad, responsabilidad y tolerancia“, según Victoria Camps– imprescindibles para que la vida en común sea posible.

Lo que comparten quienes camuflan patentes, quienes exhiben los bienes colectivos que se han apropiado de modo espurio, los poderes que no persiguen esas conductas y los espectadores que las convalidan es que todos ellos han devaluado la idea de la decencia, es decir, del respeto de los otros que puede expresarse también como el respeto de lo público, de lo que pertenece a todos, de aquello que debería preservarse a favor de los demás.

Primero de un modo ocasional y tímido, luego cada vez más desenfadado, la exhibición y la impunidad se han ido extendiendo entre nosotros. Lo han hecho en un proceso inverso al que hubiéramos deseado ver cumplido en estos 30 años: “La democracia -escribió Victoria Camps en su libro Virtudes cívicas- tiene que crear hábitos de comportamiento, actitudes y mentalidades comprensivas, responsables, solidarias“. Nada más lejos de ello que la jactancia de la ilegalidad, la arrogancia de quienes muestran no sólo la indiferencia ante los otros, sino la decisión de hacerles daño, de quienes imponen la indecencia como nuevo horizonte de comportamiento, y lo trasladan a buena parte de la sociedad. La pérdida de aquella facultad para decidir qué está bien y qué no lo está, y de actuar de acuerdo con las virtudes cívicas, las únicas que permiten la vida en común. Un espectáculo -y la expresión no es azarosa- que brindan en continuado quienes se enorgullecen no sólo de haber actuado contra el bien común, sino que anuncian su intención de volver a hacerlo, de seguir haciéndolo.

Son muchos todavía, en la sociedad argentina, quienes conservan un sentido de la decencia. Una idea que querrían todavía defender. No una idea utópica según la cual la sociedad esté expurgada de todo mal, pero sí la convicción de que somos capaces de ponernos de acuerdo acerca de qué es lo que no debe hacerse porque hacerlo daña a los demás, particularmente a los más débiles. Una sociedad en la que la “clandestinidad pública“, la jactancia de la ilegalidad, no debería tener cabida.

Fuente: La Nación

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