Buenos Aires, 02/04/2020, edición Nº 2696
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La Plata: se suicidó el cura Eduardo Lorenzo, acusado de abusar sexualmente de menores

La Justicia platense había convalidado un pedido de detención. Era el cura confesor del padre Julio César Grassi.

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(PBA) El cura platense Eduardo Lorenzo, quien estaba involucrado en presuntos casos de abuso sexual contra menores se suicidó durante la tarde de este lunes en la sede de Caritas La Plata, donde permanecía alojado.

Según Clarín, el sacerdote se pegó un disparo con un revólver en una habitación de esa entidad eclesiástica ubicada en 4, entre 49 y 50, en el centro de la ciudad. Aún está trabajando personal sanitario para conocer más detalles del episodio.

Lorenzo está acusado de por lo menos cinco casos de abusos contra chicos que participaban de actividades parroquiales en sedes eclesiásticas de la capital bonaerense, Olmos y Berisso. Durante la tarde se conoció que la Justicia había autorizado la detención del sacerdote, después de insistentes reclamos de los familiares de las víctimas.

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La juez de Garantías, Marcela Garmendia, aceptó el pedido de prisión solicitado por la fiscal Ana Medina, pero la orden no se hizo efectiva porque estaba en trámite un pedido de excarcelación planteado por la defensa del religioso.

Después de varios meses de reclamos judiciales, la situación procesal del sacerdote se había complicado cuando se llegaron las pericias psiquiátricas que realizaron peritos de la Suprema Corte. El estudio de la Oficina Pericial Forense bonaerense, concluyó que el imputado presentaba “rasgos psicopáticos, perversos, narcisistas y obsesivos”.

Los episodios que involucraban al religioso se habría registrado entre 1990 y 2008. Cinco hombres denunciaron ante la fiscal Medina situaciones similares: el sacerdote trababa una amistad y se convertía en confidente de las víctimas para luego someterlos a los abusos.

Lorenzo había sido desplazado por el Arzobispado de La Plata de la Parroquia Inmaculada Madre de Dios, en Gonnet, el último destino parroquial del cura. En su pedido de licencia había planteado que estaba siendo sometido a una «enorme campaña de difamación».

El religioso ya había sido denunciado en 2008 por tres jóvenes víctimas. Sin embargo, la investigación no avanzó. Fue archivada sin citar a los perjudicados, según planteó uno de los abogados querellantes, Juan Pablo Gallego, quien ingresó al caso como patrocinante de uno de los últimos denunciantes.

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En marzo de este año, Gallego -quien fue uno de los abogados que defendió a los menores abusados por el cura Julio César Grassi– pidió que se vuelva a activar. Héctor Ernesto Vogliolo, fiscal general de La Plata, reabrió la investigación, pero el imputado “intimidó e interceptó a cada testigo que fuera a declarar en su contra, entorpeciendo el proceso judicial”, según explicó el abogado.

Hace poco más de un mes se conoció el relato de otra víctima identificada como Juan y entonces, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico amplificó las acusaciones.

Una semana después se presentó «León» un quinto agredido por el cura Lorenzo. La acumulación de pruebas obligó al arzobispado de La Plata a aceptar una «licencia» para el ejercicio religioso y el acusado dejó la actividad parroquial.

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Entre los fundamentos de los pedidos de prisión que presentó Gallego figura un Informe de la Dirección Nacional de Migraciones que indicaría que Lorenzo “entra y sale permanentemente del país acompañado por jóvenes de sexo masculino, eligiendo destinos de playa en Brasil e islas del Caribe”. El letrado consideraba que el acusado «presenta todas las característica de los abusadores y su actitud exige la inmediata detención».

El Arzobispado de La Plata, a cargo de Víctor «Tucho» Fernández, difundió una comunicación oficial. «La Comunidad arquidiocesana, ante la muerte de nuestro hermano Eduardo Lorenzo, que se quitó la vida después de largos meses de enorme tensión y sufrimiento, solamente nos cabe unirnos en oración por él para que el Dios de la vida lo reciba en el amor infinito», dijo el responsable de la Curia. «El mismo Señor nos ayudará a comprender algo en medio de este misterio oscuro, y nos enseñará algo aún a través de este dolor», concluyó Fernández.

Para los querellantes, la expectativa de pena contemplada por el Código era «de no menos de 25 años de prisión». El cura habría preferido no afrontar esa situación y por eso decidió suicidarse, es la explicación que esgrimían esta noche los allegados a las víctimas. NR

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