Frenan la demolición de un edificio histórico en Palermo

El gobierno porteño había puesto el edificio bajo protección, pero luego cambió de parecer. La Congregación del Verbo Divino quiere construir un jardín de infantes, oficinas y alojamientos religiosos. Citas de Borges en el fallo judicial.

(Ciudad de Buenos Aires) La jueza en lo contencioso administrativo Patricia López Vergara le ordenó al gobierno de Mauricio Macri que se abstenga de autorizar la demolición de un edificio adyacente la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en Palermo. El secretario de Planeamiento, Héctor Lostri, había permitido a los curas el comienzo de las obras para destruir el edificio, pese a que poco antes su propia repartición lo había considerado un lugar a proteger por su valor histórico para el barrio. Lostri dijo que lo hacía a pedido de los vecinos, pero un grupo de ellos presentó un amparo contra la resolución del gobierno porteño que había dejado sin efecto la protección al edificio para allanar el camino a las topadoras.

La magistrada hizo lugar al pedido de dos vecinos, patrocinados por el defensor adjunto Andrés Gallardo, que habían reclamado que se evitara la demolición del inmueble de Mansilla 3845, que pertenece a la Congregación del Verbo Divino Provincia Argentina Sur. En el escrito que presentó la Unidad Especial Temática de Patrimonio Urbano de la Defensoría General señalaron que el gobierno porteño había accedido a detener la demolición, pero recién “luego de que ésta destruyera todo el inmueble afectado con excepción de la fachada”.

Los vecinos que se oponían tuvieron dos reuniones con el gobierno porteño en el que les ofrecieron otro lugar para hacer un museo barrial para que desistieran. Los demandantes se negaron e indicaron que el edificio tiene un valor histórico para Palermo: se trata de un inmueble construido antes de 1941 y que, por lo tanto, está incluido en el fallo judicial que le prohibió al gobierno porteño dar permisos de demolición a los edificios que hayan sido construidos antes de ese año. El lugar está adyacente a la iglesia y la parroquia de Guadalupe, que tienen protección cautelar, y toda la zona es un área de protección histórica (APH).

La jueza relevó documentos y se encontró con que a fines de 2011, el edificio había sido incorporado a la protección cautelar por el propio gobierno de Macri. Pero, curiosamente, en febrero de 2012 el subsecretario de Planeamiento, Franco Moccia, se arrepintió y dejó sin efecto la protección para permitir que la Congregación del Verbo Divino pueda demolerlo y construir un jardín de infantes, oficinas y alojamientos religiosos. El proyecto de los curas implica demoler 275 metros cuadrados.

El fallo de López Vergara empieza con una cita de Ficciones, de Jorge Luis Borges: “Omitir una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes es quizás el modo más enfático de indicarla”. Su Señoría luego explica el epígrafe, en referencia a la decisión de “descatalogar” un edificio para poder demolerlo: “Es doloroso y afligente ver desmembrarse y diluirse agónicamente jirones de nuestra historia, que nos recuerdan cómo nos constituimos desde la Gran Aldea de esta Ciudad que alguna vez fue líricamente la Reina del Plata”. El gobierno porteño “con la palabra ‘descatalogar’ el inmueble nos recuerda la alusión borgeana. Escudarse en tal denominación burocrática no hace más que desguarnecer la memoria colectiva del barrio, crecido al amparo de la socialización eclesial de finales del siglo XIX”. Según la jueza, en palabras de Borges, esto podría ser “una enorme adivinanza o parábola cuyo tema es el tiempo, esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre”.

López Vergara advirtió que por ser un edificio construido antes de 1941 y “por conformar junto con sus edificios linderos un conjunto arquitectónico de alto valor histórico cultural, no podrían haberse autorizado obras en el inmueble de Mansilla 3845”. Señaló que el gobierno porteño no debería haber dejado sin efecto la incorporación de lugar al catálogo de inmuebles patrimoniales que están protegidos e indicó, además, que no se respetaron todos los pasos formales, como la intervención del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Ni los curas ni la gestión PRO podrán tocar el edificio mientras la cautelar esté en pie. Será, seguramente, lo primero que intentarán demoler.

Fuente: Werner Pertot/Pagina12