Buenos Aires, 18/09/2020, edición Nº 2865
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Denuncian que el Servicio Penitenciario Federal se niega a recibir presos porteños

Más de 400 condenados viven en comisarías. Sospechan que se trata de una maniobra para hacer colapsar el sistema de seguridad.

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(CABA) Mientras crece la tensión entre los gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos Aires -por la gestión del aislamiento y el quite de un punto de la coparticipación a CABA-, un nuevo foco de conflicto salió a la luz: la negativa del Servicio Penitenciario Federal (SPF) a aceptar presos porteños, que llevan meses detenidos en comisarías. Desde la Ciudad denuncian que el SPF -intervenido y en manos de la exjueza María Laura Garrigós de Rébori– les cerró las puertas de las cárceles y que alrededor de 400 detenidos y condenados permanecen en espacios que no están aptos para alojarlos por tanto tiempo.

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No tenemos opción, si el Servicio Penitenciario Federal no nos habilita los cupos para enviar a los presos, tenemos que tenerlos en algún lugar“, dicen, según Clarín, desde el área de Seguridad y Justicia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. También cuentan que en los últimos meses debieron acondicionar las comisarías y alcaldías para alojar a presos, comprar colchones y contratar un sistema de comidas. Incluso, en la comisaría comunal 12 de calle Ramallo, se montó una especie de hospital penitenciario para tratar a los detenidos. Actualmente hay 30 infectados de coronavirus con cuadros leves.

Esta situación también implica que la Ciudad deba disponer de unos 600 oficiales para custodiar a los presos que no van a las cárceles. “Deberían estar en las calles, pero por las trabas del SPF tenemos que ponerlos a custodiar”, dicen en el gobierno porteño.

Desde la ciudad de Buenos Aires aseguran que el conflicto comenzó en marzo, junto con la pandemia. Entonces, el SPF comenzó a trabar los ingresos de presos porteños alegando que podrían contagiar a los demás. Así los condenados comenzaron a acumularse en comisarías. Así comenzaron las idas y vueltas. En abril el Comité de Prevención de la Tortura de la Ciudad emitió un comunicado recomendando el SPF brindar “los cupos necesarios y concretar los traslados a las cárceles” de los detenidos condenados.

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Luego, en julio, el Ministerio Público de la Defensa porteño -a cargo de Horacio Corti y Marcela Millán– presentó un hábeas corpus que fue aceptado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, a cargo de Carla Cavaliere. Cavaliere instó entonces a que se formara una mesa de trabajo entre los ministerios de Justicia nacional y de la Ciudad, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía porteña. Entonces, el SPF permitió algunos traslados y la situación de la Ciudad se alivió, pero poco después volvió a frenar los traspasos. Ahora, aseguran desde la Ciudad, volvieron las trabas y la acumulación de detenidos, que en algunos casos deben pasar horas dentro de un patrullero porque no hay dónde alojarlos.

La justificación del Gobierno nacional tiene que ver con la “emergencia” que reina en el SPF por la pandemia. “Los que ingresan tienen que hacer una cuarentena, por eso cambió la modalidad de ingresos. Entrar de a grupos y puede haber demoras. Es una modalidad distinta para que entren”, dicen. Sin embargo, en la Ciudad hacen otra lectura de la situación: sospechan que las trabas tienen la intención de hacer colapsar el sistema de seguridad porteño para desgastar a la gestión de Larreta.

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