Aprietes, extorsiones e ilegalidad con los trapitos en Pinamar

(PBA) Hasta la semana pasada, no había forma de estacionar el auto en Pinamar sin que un “trapito” se acercara trotando y anunciara su tarifa: 20 pesos de día, 50 y hasta 100 pesos de noche. Pero el último lunes entró en vigencia una ordenanza municipal que sólo permite cobrar por cuidar coches a los que viven en Pinamar hace al menos dos años, lo que dejó fuera del negocio a siete de cada 10 cuidacoches. Los “echados” no sólo fueron a reclamar al municipio y a exigir dinero para volverse a sus provincias. También creció la disputa territorial entre los trapitos locales y los que vienen sólo por la temporada: los locales dicen que “si no se paran de manos” les roban los mejores lugares y que, además, extorsionan a los turistas.

La ordenanza que el intendente Martín Yeza llamó en un tuit “anti trapitos” dice que sólo pueden trabajar cuidando coches los residentes de Pinamar (con dos años de antigüedad) que, además, sean mayores de 18 años. Para ponerla en marcha, crearon un registro, que ya está en manos de la Policía local, con la lista de las personas autorizadas.

Se calcula que hay al menos 100 personas, franela en mano, cuidando coches en Pinamar. En una semana, 67 se acercaron al municipio a tramitar el permiso. Sólo 32 cumplieron con los requisitos y hoy recibirán una credencial que deberán tener a la vista.

Es la hora de la cena y Claudia acomoda coches sobre la avenida Bunge. “Es a voluntad”, contesta cuando los turistas le preguntan, de mala gana, “cuánto”. “Si le decís a la gente un precio llaman al 911 y la Policía te viene a sacar. Y si le querés cobrar ahí mismo y no cuando vuelven de comer, también”. Claudia es residente de Pinamar, trabaja de 18 a 3 de la madrugada y gana entre 300 y 400 pesos diarios. Sin embargo, la mayoría de los trapitos no son locales: vinieron desde Tucumán y Santiago del Estero.

“A principios de diciembre detectamos que habían llegado en masa de otras provincias, como grupos organizados. Además, la gente se quejaba y se generaban situaciones de violencia”, explica Matías Yeannes, secretario de Seguridad municipal. Dice, además, que desde que empezaron los operativos de control detuvieron a cuatro personas con pedidos de captura activos.

El problema es que la prohibición de seguir trabajando como trapitos no fue tomada con calma por algunos de ellos. Según Yeza, el jueves pasado lo fueron a buscar para pegarle. Eso “porque dejamos afuera a los que vienen en temporada a modo de mafia”, dice. El punto cúlmine de la disputa fue el sábado, cuando empezó a circular un video en el que Carlos, uno de los trapitos tucumanos, exige al municipio “un subsidio de 15.000 pesos para todos los cuidacoches que él ha dejado en la calle”. El municipio se los negó. Algunos decidieron irse, “pero hay otros que, cuando la Policía los saca, se van y vuelven más tarde, o se van cambiando de lugar”, dice Yeannes.

Los “trapitos en lucha” dicen que el año pasado los dejaban trabajar “tranquilos”. “¿Y ahora? Un boleto para volvernos a Tucumán vale como 2.000 pesos, ¿quién nos paga eso? Nosotros no venimos a robar, necesitamos trabajar”, dice uno de ellos a Clarín. Su plan era quedarse hasta marzo (dicen que el gobierno de Tucumán les pagó el pasaje, vinieron con sus hijos y acá pagan 2.000 mensuales de alquiler): algunos venden churros en la playa, otros cuidan coches. Pero ahora, también para vender en la playa les exigen tres años de residencia.

A esa pelea se suma otra: los cuidacoches locales mantienen una disputa con los que no son de acá. “Si no te parás de manos te sacan el lugar donde vos laburás. Y ellos además, les dicen a la gente cuánto quieren, hasta 100 pesos les piden, según la chata, la cara”, dice Juan Pablo Areal, en la puerta de un parador de playa. Opina y se va sonriente, revoleando su franela naranja. El sí podrá seguir trabajando. Vive acá desde hace 43 años. PM