Se debate la quita del impuesto a las tarjetas

En un tenso debate en la Legislatura porteña, fracasó la sesión extraordinaria para para que se vote sobre tablas la derogación del impuesto a las tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires, que había sido creado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para la baja del porcentaje de la coparticipación hace dos años.

Por el rechazo de los bloques opositores del Frente de Todos y la izquierda, el oficialismo porteño no logró reunir las dos terceras partes de voluntades necesarias para avanzar con el tratamiento del proyecto impulsado por “Vamos Juntos”.

De un total de 59 legisladores, hubo 38 votos afirmativos, mientras que 21 fueron negativos. Sin la mayoría de 40 sufragios necesarios, la sesión tuvo que ser levantada.

La sesión extraordinaria arrancó poco antes de las 9 de la mañana. Había sido convocada luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó devolverle a la administración porteña el porcentaje que le quitó Nación de los fondos coparticipables. El debate, a temario cerrado, incluía el proyecto para eliminar el impuesto a los sellos y la reducción del gravamen que pesa sobre los intereses de los bancos por colocar su liquidez en instrumentos de deuda del Banco Central, las Leliq.

Sin embargo, el tratamiento se vio jaqueado por el duro conflicto político entre el Gobierno nacional y Juntos por el Cambio por el fallo del máximo tribunal, una tensión política que se trasladó en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

En la previa a la sesión extraordinaria, el jefe de Gobierno porteño introdujo una cláusula adicional al proyecto para eliminar el impuesto a los sellos a los saldos en las tarjetas de crédito. El agregado establecía que la quita quede condicionada a lo que haga el Poder Ejecutivo, tras la definición del presidente Alberto Fernández de que el fallo de la Corte es de “imposible cumplimiento”. Es decir, se incluía una condicional que implicaba que la medida no sea de aplicación inmediata, como se preveía antes de la resistencia declarada por la Casa Rosada.

“Cumplo con mi palabra. Cuando nos devuelvan los fondos, bajamos los impuestos. Y los vamos a bajar tal como lo prometí”, graficó Horacio Rodríguez Larreta en una rueda de prensa en la calle Uspallata, mientras se desarrollaba en paralelo la discusión en la Legislatura.

Sin embargo, con los cambios en el texto legislativo, los bloques del Frente de Todos y del Frente de Izquierda-Unidad cambiaron su postura de acompañar la ley y decidieron no respaldar la habilitación del proyecto tratado sobre tablas.

En el peronismo porteño justificaron esa decisión porque la iniciativa no contó con un debate previo en comisión, e insistieron contra la legitimidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia, compartiendo la postura que esgrimen el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores aliados de Alberto Fernández. Vamos Juntos, por su lado, buscó hacerle pagar el costo político al Frente de Todos de que no se avanzara la reducción impositiva.

Una sesión acalorada

Con el resultado ya definido, el bloque de Vamos Juntos repudió que las bancadas opositoras no hayan acompañado la votación. “El kirchnerismo porteño se negó a votar la baja de impuestos en la Ciudad. De espaldas a los porteños y en complicidad con el abuso de poder presidencial, decidieron no apoyar el tratamiento de los proyectos presentados tras el fallo de la Corte a favor de la Ciudad”, sostuvo Emmanuel Ferrario (PRO), vicepresidente 1° en la Legislatura.

Con el mismo tenor, el legislador Hernán Reyes (Coalición Cívica), acusó al sector alineado con Cristina Kirchner que su “único objetivo es seguir perjudicando a todos los porteños”. “No nos dejaron debatir el proyecto siquiera. Habla mucho de ellos”, indicó.

“El kirchnerismo no sólo pretende incumplir con la medida cautelar de la Corte Suprema por la coparticipación de la Ciudad, sino que pretenden que todos hagamos como si la medida no existiera. La Corte ya estableció un criterio, te puede gustar o no pero se deben acatar”, remarcó en sus cuentas de redes sociales.

La sesión estuvo marcada por agendas contrapuestas. Con el arranque de la discusión, el Frente de Todos tomó la iniciativa para insistir en su reclamo de juicio político contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y el fiscal general Juan Bautista Mahiques, por el viaje en el que habrían realizado junto a jueces, fiscales y empresarios de medios a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año. La oposición porteña considera que los funcionarios cometieron delitos de “dádivas” y “encubrimiento”.

Así, el debate empezó con cruces, chicanas y la introducción de cuestiones de privilegio de parte de la oposición porteña. La bancada del Frente de Todos, incluso, llevó parlantes al recinto y reprodujo los audios presuntamente incriminatorios que involucran a D’Alessandro y Mahiques, que desde el gobierno porteño cuestionan por tratarse de una filtración proveniente del “espionaje ilegal”.

“Los ponemos porque parece que no los escucharon y no se enteraron. Si no, no se explica cómo no tratamos el pedido de juicio político a Mahiques y a D’Alessandro y cómo Larreta los encubre”, expresó la legisladora Lucía Cámpora. “No hay manera que estos dos funcionarios mafiosos después les da la cara de hablar de gravedad institucional y defensa de la democracia”, agregó.

A su turno, Juan Manuel Valdés (FdT) planteó que hubo una violación de la Ley de ética pública de parte de los funcionarios: “No pueden explicar cómo y por qué llegaron a Lago Escondido, el origen de los fondos del viaje y los motivos. Tiran la pelota afuera. Le pediría al oficialismo que se ponga de acuerdo. O son víctimas de un espionaje, o los datos (de los chats) son falsos”.

Como parte del bloque, también presentaron cuestiones de privilegio similares los diputados Claudio Morresi, Victoria Montenegro, Matías Barroetaveña y Ofelia Fernández, entre otros. “Estamos ante una Corte Suprema que inclina la balanza a favor de la campaña presidencial de Larreta, garantizando la persecución de opositores y la impunidad de funcionarios”, planteó Barroetaveña. “La operación se completa luego del escándalo de Lago Escondido, el pacto de silencio de Larreta es correspondido por un fallo de la Corte donde le exige al Gobierno Nacional que le de 180 mil millones de pesos para hacer campaña”, amplió.

Por su lado, el FIT-U, a través de los legisladores Gabriel Solano (PO), Mercedes de Mendienta (IS) y Alejandrina Barry (PTS) se desmarcaron del Frente de Todos, pero apuntaron también contra el oficialismo de Vamos Juntos.

“Es un debate farsesco. Nadie se hace cargo de lo que acá han hablado que todos, sin excepción, que han gobernado manipulando la Justicia y utilizando los servicios de inteligencia contra la oposición y toda la población. Lo ha hecho el macrismo y el kirchnerismo a niveles escandalosos”, expresó Solano, mientras que Barry focalizó en que los jueces involucrados en el viaje al Lago Escondido y la Corte Suprema “también fueron votados por el peronismo”.

Ninguna de los recursos presentados tuvieron los dos tercios necesarios. Ahora bien, la estrategia opositora se interpuso a las intenciones del gobierno porteño y sus aliados en la votación, cuando el cuerpo pasó al punto de debatir el tratamiento del proyecto sobre tablas.

La legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira remarcó que las modificaciones que envió Rodríguez Larreta tenía una “modificación sustancial” que la oposición desconocía, y reclamó la lectura a viva voz del texto. “Piensan incorporar una cláusula, por lo que pedimos que lo clarifiquen, acerca de lo que hoy vamos a votar no va a entrar en vigencia. O sea, que no se va a bajar ningún impuesto”, indicó durante el debate.

Sobre el cierre de las intervenciones, Javier Andrade (FdT) remarcó que su bloque “está de acuerdo en la baja a los impuestos a los sellos de las tarjeta de crédito”, pero que la iniciativa se impulsa en el marco de una “segunda vuelta del lawfare”, donde la “Corte Suprema de Justicia” permite la “condena y proscribe a Cristina Kirchner” y “después entrega como un regalo más de fin de año que no pudieron ni siqueira fundamentar el monto (de la coparticipación) que plantearon”.

“Tenemos una oposición que no trabaja en el Congreso nacional, y una Corte Suprema que no solo legisla, sino que quiere gobernar nuestro país. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué tiene? ¿Tenemos que dejar correr las cosas? que hacer el Gobierno nacional?”, se preguntó Andrade. “No pretendan que acompañemos una modificación que no podemos compartir de ninguna manera”, concluyó.

Diego García Vilas, jefe de la bancada de Vamos Juntos, cuestionó la postura del Frente de Todos y recordó que el Gobierno tiene que cumplir con las resoluciones de la Corte Suprema. “Señores, los fallos se cumplen y no importa si nos gustan o no”, dijo el legislador, y remarcó: “Está clarísimo que la oposición no le interesa para nada la República”.

Otros bloques se pronunciaron a favor del tratamiento del proyecto legislativo. Esta vez, la bancada libertaria de “La Libertad Avanza”, que encabeza Ramiro Marra, se alineó con el gobierno porteño. El legislador anticipó que “no vamos a acompañar el condicionamiento” planteado en el agregado del proyecto oficial, pero criticó las cuestiones de privilegio y la decisión del resto de la oposición. “Si quieren derogar impuestos, habiliten la tabla”, reprochó.

El legislador Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) también fustigó contra el peronismo. “Yo creí que este impuesto podíamos derogarlo entre todos, que les interesaba esta baja de impuestos que es regresivo y afecta a los que menos tienen. Creí que el Frente de Todos tenía un compromiso serio con las familias argentinas”, reflexionó.

Los cambios en el proyecto

Rodríguez Larreta convocó a la sesión por fuera del período ordinario para tratar el proyecto de baja de impuestos. La modificación de la iniciativa buscaba garantizar que la Ciudad cuente con los recursos financieros antes de dejar de percibir el gravamen de 1,2% sobre el total del resumen de los gastos realizados con tarjetas de crédito realizados por los porteños, ante la posibilidad cierta de que la aplicación efectiva del fallo no sea inminente.

Alberto Fernández anticipó que no ejecutaría la cautelar a la que hizo lugar la Corte recientemente, la cual establece que la Ciudad debe volver a percibir el 2,5% de la coparticipación en lugar del 1,4% que percibe ahora, lo que representa unos 180 mil millones de pesos adicionales.

Con este último fallo, el máximo tribunal argentino le había dado nuevamente a las autoridades porteñas los fondos que tenía hasta 2020. Sin embargo, este recorte debía pasar primero por la Legislatura, que finalmente naufragó.

Renovación de autoridades

En la misma sesión fallida, la coalición Juntos por el Cambio (JxC) eligió los tres cargos para autoridades del órgano parlamentario. En 2023, al igual que este año, el vicepresidente primero será Emmanuel Ferrario (Vamos Juntos); el segundo, Martín Ocampo (UCR-Evolución) y el tercero, Roy Cortina (Partido Socialista), de acuerdo a un proyecto de resolución aprobado hoy. La resolución se convalidó con 38 votos a favor, de JxC, La Libertad Avanza y Consenso Federal.

En esa discusión, los 18 legisladores presentes del FdT se pronunciaron en contra, porque se excluyó a su fuerza política entre las autoridades del órgano legislativo, mientras que se abstuvieron los tres integrantes del FIT-U.

También se nombraron los tres nuevos representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires –Genoveva Ferrero, Javier Concepción y Jorge Rizzo-, que juraron hoy ante la Legislatura.