Renace la investigación por la muerte de un obispo amenazado por la dictadura

Al igual que lo sucedido con el obispo en La Rioja, Enrique Angelelli, asesinado durante la dictadura militar simulando un accidente vial, la investigación por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, quién por aquellos años en la localidad de San Nicolás, al noreste de la provincia de Buenos Aires, se encamina a demostrar que el azar poco tuvo que ver con el incidente que terminó costándole la vida. Ponce aplicaba los preceptos del Concilio Vaticano II del que había participado como miembro de la jerarquía de la iglesia argentina.

“Mi tío salió del Concilio Vaticano II y puso en práctica los preceptos de la doctrina social de la iglesia. Fue un trabajo eclesiástico, no agarró una bandera política. Lo hizo desde la iglesia. Además, escribió en ese momento un artículo en defensa del obispo Angelelli, recibía a los familiares de los detenidos-desaparecidos y se movía para encontrarlos, por ejemplo, yendo a las cárceles”, reflexionó María Isabel Ponce de León, sobrina del obispo, quien desde hace muchos años venía esperando la audiencia judicial para presentar el peritaje que la semana pasada se presentó ante la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Rosario, con la intención de descubrir la verdad sobre la muerte del monseñor Ponce de León, el 11 de julio de 1977.

“Traidor a la iglesia y la patria”, así lo calificaba en informes de inteligencia y públicamente a Ponce de León el teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, fallecido en la cárcel donde cumplía la pena de perpetua por delitos de lesa humanidad.

A la campaña de difamación sobre el obispo se sumaban acciones temerarias. Entre ellas requisas al religioso cuando transitaba por la vía pública y el punto culmine fue la privación de la libertad a ocho sacerdotes, por la simple voluntad del “amo y señor” que la dictadura militar había colocado en uno de los núcleos fabriles de mayor envergadura en Argentina.

Los curas en las villas y barrios populares, la atención pastoral a los niños más pobres -como organizar pastoralmente el recibimiento de los migrantes, que llegaban de a miles a trabajar en la zona fabril-, era la tarea diaria de Ponce de León y las razones que provocaron la calumnia. “El obispo rojo” decía Saint Amant, y la justificación del complot en su contra que sigue impune aunque se acaba de producir una prueba fundamental para llegar a la verdad en el desenlace de la vida de un hombre que a los 63 años era jerarca de la iglesia católica hasta que manejando su pequeño Renault 4 impacta con una camioneta F-100 atravesada a modo de barricada en la ruta nacional Nº 9, que une San Nicolás con la Ciudad de Buenos Aires.

“El obispo impactó a 70 kilómetros con la camioneta casi detenida”, aseveró Jorge Geretto, licenciado en Accidentología y Prevención Vial, quien realizó el informe pericial presentado en la causa por la querella, o sea la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y Provincia de Buenos Aires, que clama para que la carátula de la causa Ponce de León no siga siendo accidente culposo y se convierta en Lesa Humanidad.

“La investigación pericial refiere que ninguna de las hipótesis de investigación confirma la colisión. Por las fotos y la reconstrucción del hecho a partir de las tres declaraciones, todas distintas entre ellas, del supuesto conductor de la camioneta, puedo asegurar que no está comprobada o la forma del supuesto el accidente”, afirmó Geretto quien utiliza para sus peritajes el mismo software, llamado “PCRASH” que aplican los forenses, investigadores, aseguradoras, automotrices y las policías científicas de diversos países de Europa como Estados Unidos.

El perito no testificó en persona, el 1 de junio, ya que en la audiencia judicial se transmitió un vídeo con los planos técnicos y su voz en off que implicó 30 minutos de argumentos técnicos gracias al análisis con el software PCRASH que permite reproducir casi con exactitud los accidentes viales, entre vehículos, personas, animales y construcciones entre otras funciones.

“Además del análisis pericial surgen evidencias que la camioneta no se cruzó transversalmente, sino que estaba casi parada en la ruta ese día de densa neblina. Tampoco se pudo verificar el tiempo de marcha que dijo el conductor de la camioneta F-100 desde donde salió”, sostuvo el perito, quien agregó que “no se verifica, por la simulación con ocupantes virtuales, el movimiento de las dos personas que refieren haber estado en el vehículo al momento del impacto dado que la camioneta F-100 carecía de cinturón de seguridad y tanto el conductor como acompañante no tuvieron lesiones registradas en la causa penal”. Por ende nadie cree que estuvieran sentados en sus asientos al momento del impacto del Renault 4 que conducía el obispo perseguido.

Los jueces de la Sala B de Apelaciones, que preside Guillermo Toledo e integran Elida Vidal y Fernando Barbará, tienen el poder de decidir si mantienen o revocan el fallo del juez Marcelo Bailaque, que en su momento no hizo lugar a la nulidad por cosa juzgada irritia, o sea, dejar sin efecto la sentencia firme del año 1978, que no contiene pruebas básicas para determinar la muerte del obispo.

El titular de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los DDHH durante el terrorismo de Estado en Rosario, el Fiscal Adolfo Villatte, junto su auxiliar, Juan Patricio Murray, informaron en su alegato de apelación ante la Cámara Federal que la camioneta Ford F-100 usada de barricada en la ruta era propiedad de la firma “Agropolo S.A.”, que está integrada por miembros de la familia Bottini, uno de cuyos hermanos, Alejandro Atilio, cumplía funciones en el Ministerio de Defensa al momento de los hechos y luego -como personal civil de inteligencia del ejército- en la Jefatura II del Comando en Jefe del Ejército.

Por otro lado, el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, presentó ante el Juez Bailaque, brindó una serie de irregularidades y falencias en la investigación del año 1977, aún vigente, como: la ausencia de una pericia accidentológica (que ahora sí se realizó como citamos en párrafos más arriba), la falta de testigos del hecho, no se realizó la autopsia sobre el obispo fallecido, y tampoco se documentaron las múltiples y constantes amenazas de muerte que recibía Ponce de León.

Las fuentes judiciales consultadas afirmaron a este medio que “la pericia accidentologica, producida por el Ingeniero Geretto, de manera objetiva y fehaciente, determina la imposibilidad de que los hechos hayan ocurrido como los relató el conductor, Luis Antonio Martínez, y por el contrario establece que el único modo de producción del siniestro fatal es que la camioneta estaba detenida cruzada ex profeso de modo transversal sobre la mano San Nicolás/Buenos Aires de la Ruta Nacional 9 y sin ocupantes”.

Los jueces de la Cámara Federal de Rosario tienen que determinar si aceptan o no la revocatoria de lo sentenciado hasta ahora. Además, el fiscal Di Lello y Murray solicitaron a los camaristas que ordenen al juez de primera instancia que detenga e indague a quienes consideran integraron el complot contra el obispo. Ellos son: Antonio Federico Bossie, quien a la fecha de los hechos era jefe de operaciones e inteligencia del Área militar 132; Bernardo Luis Landa, quien era jefe de logística y personal de la misma Área Militar y ayudante de Saint Amant hoy fallecido; Omar Andrada que ocupaba el cargo de jefe de la sección San Nicolás del destacamento de inteligencia 101; y Luis Américo Muñoz, que era segundo jefe del destacamento de inteligencia. También pidieron que se impute a Sergio Carlos Bottini, quien fungía de acompañante del conductor de la camioneta y a Luis Antonio Martínez, quien cumplió el papel de supuesto conductor de la camioneta Ford F-100.