Pink tax y gestión menstrual: dos proyectos para erradicar desigualdades

En diálogo con Ámbito, la senadora Giménez explicó la importancia de la propuesta. “Este proyecto tiene como objetivo evitar la discriminación económica basada en los géneros, es un proyecto muy sencillo porque no propone crear ni una ley específica, ni un esfuerzo del Estado a través de organismos o nuevas instituciones para garantizar su aplicación”, indica. La propuesta es una reforma al artículo 8 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor que incorpora la exigencia de trato digno para evitar las prácticas abusivas garantizando la equidad de género en los precios de los bienes de consumo y servicios.

El impuesto rosa es un fenómeno a nivel mundial. Los motivos pueden deberse a una cuestión discriminatoria por razones de género, por estrategias de las marcas para dirigirse a un sector en particular y obtener mayores ganancias o por costos en la fabricación de productos. Según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, en 2022 la diferencia que pagan las mujeres y diversidades respecto a los varones sobre el mismo producto es del 12%. Uno de los productos que relevaron, por ejemplo, es la afeitadora: la afeitadora rosa cuesta en promedio $362, mientras que la de color azul -siempre en términos binarios- cuesta $328.

“Estoy convencida que este proyecto va a impactar sobre todo en los sectores de menores ingresos. Pensemos que hay millones de mujeres en este país que son jefas de hogar, que tienen a cargo su familia y sobre sus espaldas la responsabilidad de criar, educar y formar a sus hijos y, además, administrar la economía de su hogar”, agrega Giménez.

Gestión menstrual: el tabú que reproduce desigualdad

MenstruAcción es una campaña de la organización Economía Feminista que nació al calor del primer paro feminista en 2017 (también dieron apoyo técnico a la presentación del proyecto presentado por la senadora Giménez). La iniciativa responde al reclamo por una ley menstrual integral.

“La menstruación es un factor de desigualdad económica que las personas menstruantes enfrentamos. Desde Eco Feminista se armó una campaña en 3 ejes: primero, la provisión gratuita de los productos de gestión menstrual para poderlos repartir entre personas que no pueden costear el producto dado que el gasto es obligatorio para sostener el sangrado, quienes no pueden llegar al monto que requiere por mes para costear estos productos no logran contener el sangrado con un producto acorde y pueden incurrir en prácticas poco sanitarias como el uso de trapos, diarios, algodones que son malos para la salud. Segundo, pedimos la quita del IVA, que viene a significar una rebaja en el precio. Y por último, pedimos la difusión de datos, porque es un tema que fue tabú durante muchísimo tiempo, no hay fuentes oficiales que den información sobre las personas que menstrúan en Argentina, los métodos a los cuales se puede acceder, etc.”, explica Lucía Espiñeira, economista de Economía Feminista.

Según el último relevamiento de la organización, en el mes de marzo de este año, el costo de toallitas por persona por año es de $4890 y $5311 de tampones. En promedio, una persona menstruante utiliza 22 productos al mes, durante 13 ciclos aproximadamente.

Para Espiñeira, antes de 2017 no existían proyectos u ordenanzas provinciales que aborden la problemática de acceso a los productos de gestión menstrual. Con el correr de los últimos años, el Estado empezó a avanzar en estos pasos, con municipios que promueven información y entregan copas menstruales en territorios vulnerables. “Cuando empezamos con eso no había datos, nos encontramos con mucho rechazo y poco interés. Logramos confeccionar esta canasta de productos de gestión menstrual, pero sigue sin haber un promedio nacional de cuántas toallitas y tampones eligen las argentinas. Al día de hoy hubo mucho cambio, pero falta bastante”