Buenos Aires, 24/04/2018, edición Nº 1987
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Piden la elevación a juicio de una red que explotaba mujeres en Once

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El fiscal federal Federico Delgado pidió la elevación a juicio de cuatro acusados por la explotación sexual de mujeres.

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(CABA) El fiscal federal Nº 6, Federico Delgado, pidió la elevación a juicio de una causa por trata en la que hay cuatro imputados –dos hombres y dos mujeres– que reclutaban a mujeres mayoritariamente de Paraguay, y las explotaban sexualmente en albergues transitorios y domicilios particulares de la Ciudad de Buenos Aires. La red operaba ofreciendo servicios de prostitución a través de una página que publicaba en Internet. La investigación judicial se abrió luego de que uno de los ?clientes” alertara sobre la red a la Brigada Niñ@s, que depende del Programa las Víctimas contra las Violencias –del Ministerio de Justicia de la Nación y que dirige Eva Giberti–, tras pagar por sexo, según dijo, con una de las chicas contratadas en ese sitio web, que le contó que tenía 17 años, que provenía de Paraguay y que había llegado al Argentina engañada –ya que le habían dicho que iba a trabajar cuidando niños–. También le dijo que en una oportunidad había tenido que “trabajar” 28 horas seguidas, que estaba enferma y consumiendo drogas, y que le pidió ayuda.

La causa se inició en la Justicia el 12 de setiembre de 2013 con el testimonio de la coordinadora de la Brigada Niñ@s, Carola Saricas, quien contó lo dicho por aquel hombre, que se identificó como “Andrés”, al llamar a la Línea gratuita 137 del Programa, donde se puede pedir información o realizar denuncias por situaciones de violencia hacia mujeres, niñas o niños. La investigación judicial que llevó varios meses, permitió desarticular la banda, que incluía la cooptación, la explotación, un sistema jerárquico de dominación, y otro de transporte con una empresa de taxis para que las mujeres reclutadas hicieran los pases con los consumidores de servicios sexuales. A las mujeres les prometían que cobrarían la mitad del dinero que generaran pero finalmente les aplicaban un régimen de descuentos arbitrarios y multas, por el cual al final del día prácticamente no se quedaban con un peso y muchas veces terminaban endeudadas y les resultaba más difícil dejar la prostitución, advirtió el fiscal Delgado en la requisitoria, elevada al juez federal Nº 9 Luis Rodríguez. “Abusaron de su situación de vulnerabilidad”, señaló Delgado. El estudio jurídico del abogado Mariano Cúneo Libarona defiende a algunos de los imputados en la causa.

Aunque muchas de las mujeres que fueron víctimas de la red no pudieron ser individualizadas fehacientemente hasta el momento, ya que utilizaban nombres de fantasía –entre ellas Bella, la adolescente que habría brindado servicios sexuales a “Andrés”, quien alertó sobre la red–, desde la Fiscalía Nº 6 lograron identificar a tres de ellas, que se encontraban en uno de los domicilios que fueron allanados durante la investigación, y que usaban los apodos “Sofi”, “Tami” y “Yami”.

Los acusados son José Luis Quiroga, de 38 años, nacido en la localidad bonaerense de Avellaneda; su esposa Catalina González Figueredo, alias Noe o Noelia, paraguaya, de 37 años; Ana Zunilda González Brizuela, también paraguaya, y el español Juan Sebastián Segovia Navone. Los cuatro fueron detenidos en allanamientos ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 10, en julio de 2014, en distintos lugares en los que operaba la red –un departamento ubicado en avenida Rivadavia 2982 piso 12 “E”, otro en Rivadavia 3466, 1er. piso “2”, y un domicilio en la calle 24 de Noviembre 387–. A los cuatro se les imputa el delito de trata agravado. Otro presunto integrante de la banda, identificado como Anunciado José Longo, tiene un pedido de captura desde el 18 de julio de 2014 y se encuentra prófugo. Según el fiscal, Longo tendría un balneario o piletas en la zona de Yuty, Paraguay, y tanto él como un tío de González Figueredotraerían chicas engañadas desde esa localidad para ser prostituidas en los privados de la Capital Federal” por la misma red.

De acuerdo con la imputación, la banda –que operaría desde 2010– les decía a las víctimas que reclutaban –algunas llegaban a través de otras mujeres ya explotadas sexualmente– que iban a cobrar muy bien, e incluso muchas veces les prometía darles comida y un lugar donde vivir, además de protección de los taxistas para cuando salieran a hacer lo que llamaba “servicios a domicilio”. También les informaba que a los clientes se les cobraba 300 pesos por hora, y que de ese monto a las mujeres les correspondía el 50 por ciento, mientras que el 50 restante era para “la casa”. Durante la instrucción de la causa declararon las tres mujeres víctimas de la red que fueron encontradas en los allanamientos: tenían 28, 22 y 21 años. Sus testimonios confirman el grado de vulnerabilidad social en el que se encontraban al momento de ser captadas por la banda: estaban sin empleo o ya habían sido explotadas en otros sitios, como talleres textiles clandestinos, estaban embarazadas o tenían varios hijos. De sus testimonios y de escuchas telefónicas, lectura de mensajes de texto y otras tareas de inteligencia llevadas adelante, quedó demostrado el sistema de esclavitud al que eran sometidas las mujeres, advirtió el fiscal. Al final del día se les descontaba por la comida y bebida que consumían, por aparecer en la página de Internet que las promocionaba (30 pesos por día), por el alquiler del lugar para vivir (2000 por mes), por el alquiler de los casilleros que se encontraban en la cocina (50 diarios), por olvidar la contraseña del candado de esos casilleros, por el pago de los teléfonos a los que llamaban los clientes. También se les descontaban al inicio 400 pesos para pagarle a un fotógrafo por la toma de fotos –para las que ellas debían posar aun contra su voluntad– y que luego eran subidas a la página web. Además, se les descontaba el dinero por la ropa interior que debían usar –tanto para las fotos como para los “servicios”–, que a su vez les era vendida al doble del valor del mercado, al igual que ocurría con productos cosméticos.

Las multas, en cambio, se aplicaban cuando las mujeres se negaban a pasar con ciertos “clientes”, a raíz de lo cual debían pagar ellas mismas el “servicio” perdido. “Esto ocurría también si se sentían mal, estaban menstruando o si se querían ir más temprano: la jornada se extendía desde las 17 hasta las 6 u 8 de la mañana, incluso hasta el mediodía”, señaló el fiscal. Este sistema generaba que muchas veces las mujeres no sólo no llegaran a cobrar el 50 por ciento prometido, sino que además pudieran perder todo el dinero recaudado durante la noche, de modo que volvían a sus casas sin un peso a pesar de haber cubierto todos los turnos que les fueran exigidos, describió Delgado. “Muchas veces, además, debían volver para pagar las deudas, razón por la cual se tornaban dependientes de la prostitución, y por más que lo intentaran, no les resultaba posible abandonarla”, explicó.

Fuente: Página 12

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