Multas para los usuarios, límites para los gremios, impuestazo para todos

parabuenosaires.com tuvo acceso al proyecto con los requisitos de Macri para aceptar el subte, que fue recibido por los legisladores porteños este martes, y que comenzarán a tratar esta misma semana. Los puntos más polémicos para entender los cambios que regirán a partir de 2013.

(Ciudad de Buenos Aires) El proyecto presentado por el PRO en la Legislatura porteña despejó las dudas sobre los duros términos en los que el macrismo aceptará hacerse cargo de la administración del sistema de subtes porteño. Un nuevo impuesto al combustible, suba de peajes y patentes, multa para usuarios y trabajadores, y el valor del boleto atado a los subas salariales, estarán entre los temas que, anticipamos, causarán más revuelo a la hora del debate en el recinto.

En cuanto a los límites para las libertades sindicales, si bien un dia de paro trastorna la vida de millones de personas, lo cierto es que el subte no es el único sistema de transporte con el que cuenta la Ciudad; y eso, en prinicpio, lo eximiería de ser considerado u servicio esencial. Sin embargo, desde el comienzo, el proyecto define al subte como “un servicio público esencial”. De ello se desprende la necesidad de garantizar un servicio mínimo incluso durante los reclamos gremiales.

También en sintonía con la definición de servicio esencial, el proyecto de ley contempla sanciones para “la obstaculización o interferencia de la operación del servicio”. El escrito prevé multas de entre $1600 y $16.000 para quien “cause alarma en cualquiera de las instalaciones y de hasta $166.000 para aquel que “impidiere, estorbare o entorpeciere el funcionamiento del servicio público esencial”.

Además, el artículo 24 establece una multa de entre $83 y $1660 para quien “eludiere el pago de la tarifa del servicio”. Es decir, habrá multas para aquellos que decidan “saltar” los molinetes, incluso cuando no sea por voluntad del pasajero sino por la eventual protesta gremial.

Otro punto clave del proyecto es la forma en que se van a financiar los 1054 millones de pesos anuales que se necesitan para mantener en funcionamiento la red. El proyecto liderado por el diputado de Pro Martín Ocampo, presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, establece la conformación de un Fondo del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la CABA.

Este “Fondo Subte” estará conformado por las tarifas a usuarios -que además estarán atadas a los acuerdos salariales (es decir, habrá aumentos todos los años), pero también por una serie de impuestos en los siguientes ítems:

Combustibles: $0.40 por litro en las naftas y Gas Oil Premium; $0.30 por litro en las naftas Súper; $0.15 por metro cúbico de GNC.

Peajes: un 10 por ciento del valor de la tarifa de peaje, libre de tributos.

Patentes: los autos de entre $150.000 y $200.000 destinarán el 18.19% de su patente al Fondo Subte; hasta $300.000, un 26,27% y aquellos que cuesten más de $300.000 destinarán un 32,73%.

Emergencia

El proyecto del PRO declara “en emergencia por el término de cinco (5) años la prestación del Servicio Subte y declara a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) como autoridad de aplicación de la ley.

Durante los años de emergencia, Sbase tendrá, entre otras, la capacidad de “fijar las tarifas y los cuadros tarifarios, sin necesidad de convocar a audiencia pública”.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de que la operación y el mantenimiento del servicio sea prestado “por el Poder Ejecutivo en sí”, es decir, estatizado, o “a través de otras personas jurídicas de derecho privado (.) mediante el procedimiento de licitación o concurso público nacional o internacional”. Eso no sólo plantea la posibilidad de una quita de concesión a Metrovías, sino que abre la puerta a empresas extranjeras, como Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), encargada de la auditoría que, según el jefe de gobierno Mauricio Macri, culminó en la decisión de hacerse cargo del subte.