Luis Cevasco: “Los porteños siguen siendo ciudadanos ‘de segunda’ “

(CABA) En la Argentina del siglo XXI existen ciudadanos de segunda: los porteños. Sus derechos básicos son lesionados por prácticas judiciales absurdas y anticonstitucionales. El sistema actual superpone la justicia de la Ciudad y la Nacional, negándoles a los vecinos una justicia eficaz.

Por ejemplo, si una mujer es víctima de violencia de género, los tribunales le complicarán la vida aún más. Acudirá a la fiscalía penal de la Ciudad por las amenazas y el incumplimiento de asistencia familiar, pasará por el juzgado correccional cuando sufra lesiones leves y sacará turno en el de instrucción en caso de lesiones graves (hasta homicidio). No es todo. Como la parte civil es competencia nacional y no de la Ciudad, por el divorcio, tenencia de los hijos, exclusión del hogar y pago de alimentos, visitará otros jueces y juzgados.

La razón de esta injusticia es un resabio previo a la autonomía de la Ciudad (Reforma Constitucional de 1994). ¿Qué ocurre? Los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, denominados “Nacionales”, pertenecen a la Justicia Federal. Así, todas las decisiones sobre su diseño judicial dependen del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Autoridades nacionales con deberes y preocupaciones que exceden la problemática local y postergan las soluciones para los porteños.

El artículo 129 de la Constitución Nacional dispone que la Ciudad tenga un gobierno autónomo, con legislatura y justicia propias. Pero la Ley Cafiero (1995) limitó la competencia judicial de la Ciudad a los fueros Contravencional y Contencioso Administrativo. Más tarde, la eficacia de la nueva justicia local derivó en la creación de un fuero penal que actúa sobre algunos delitos. Queda pendiente el traspaso de los restantes delitos, más los fueros civil, comercial y laboral.

Los porteños necesitan tribunales de cercanía con criterios modernos, fácil acceso y respuesta inmediata. Esto no ocurre hoy en los tribunales nacionales de la Ciudad. Por eso el Gobierno Nacional promueve el traspaso de las competencias judiciales remanentes de la Justicia Nacional a la que actúa en la Ciudad.

Aunque los jueces, fiscales y defensores que pasen a depender de la Ciudad mantendrán sus competencias, remuneraciones, régimen jubilatorio, obra social e inamovilidad, hay sectores que señalan que esos funcionarios de la justicia nacional verán afectados sus derechos. Esta campaña omite decir que la Constitución de la Ciudad garantiza dichas condiciones laborales. Es más, también consagra mejores condiciones de estabilidad para los integrantes del Ministerio Público que las del ámbito Nacional.

Para que los vecinos de la Ciudad tengan el sistema judicial que merecen, se debe apoyar la actual iniciativa conjunta de los gobiernos nacional y local para concretar el traspaso. Y evitar mezquindades, como la de mantener la denominación de “Nacional” en el cargo, como si fuera un “título de nobleza”. El derecho de los porteños a elegir y organizar su sistema judicial debe ser respetado. Así lo dice la Constitución Nacional. NT