Buenos Aires, 18/07/2019, edición Nº 2437
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Opinion

Los avances de una nueva ley de Donación de Órganos

Alejandro Marticorena, periodista y escritor, vivió en carne propia una situación de donación. Reflexionó acerca del estado de la legislación argentina sobre el tema. Se reproduce el texto completo.

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(CABA-PBA)Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Como trasplantado renal no puedo dejar de mencionarlo y comentar que, hoy, el Senado acaba de dar media sanción y por unanimidad (falta su sanción definitiva en la Cámara de Diputados) al proyecto de ley que ya se conoce como «Ley Justina», en referencia a Justina Lo Cane, la nena de 12 años que en noviembre pasado falleció por no recibir un trasplante de corazón.

La ley actual, la 26.066, sancionada en 2006, significó en su momento un importante avance en relación con la anterior, la 24.193. ¿Por qué? Porque introdujo la novedad de que cualquier persona -mayor de edad- pasaba a ser donante de órganos excepto que manifestara expresamente y por escrito lo contrario. Es decir, invertía la situación anterior, en la que uno era donante si -y sólo si- manifestaba su voluntad de ser donante.

Pero contiene un defecto: que hace necesario que los familiares autoricen por escrito la ablación de los órganos del fallecido. Cuestión que no siempre es tan fácil. Un operativo de trasplante (lo viví en carne propia) es algo en lo que el factor tiempo es clave: la celeridad puede ser la diferencia entre un trasplante exitoso, o el fallecimiento de quien espera un órgano vital. Y, a veces, el o los familiares del fallecido no llegan a completar el trámite necesario. Sea por el dolor del momento, por desconocimiento, por mitos o tabúes o por las razones que sean. Atendibles todas, claro.

Entonces, la principal falla de la ley vigente es cargar el peso de la decisión final en el o los familiares de un fallecido, cuando simultáneamente nadie nunca en este bendito país se ocupó de lanzar las necesarias campañas de información y concientización acerca de la donación de órganos y los trasplantes.

 

La «Ley Justina», en caso de ser sancionada, resolvería esta cuestión: todos pasaríamos a ser donantes excepto que manifestemos lo contrario -como ya sucede hoy- pero con el agregado de que la autorización de los familiares del fallecido ya no sería condición necesaria para la ablación de los órganos.

Realmente sería un avance: agilizaría el proceso de los operativos de trasplante y beneficiaría a muchas más personas que esperan un órgano.

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Yo tuve la «suerte» de padecer sólo Insuficiencia Renal Crónica Terminal y de que exista la diálisis, un tratamiento sustitutivo que permite que uno pueda darse el «lujo» de esperar el trasplante durante años.

Justina Lo Cane, y decenas miles de personas en este país, no tuvieron esa fortuna.

SN

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