Buenos Aires, 22/01/2018, edición Nº 1895
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Buenos Aires y la destrucción

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Escribe Gabriela Massuh

(CABA) Siempre se interpretó que el incremento de la construcción era un signo de desarrollo, y de progreso. Las ciudades, más aquellas cuyo crecimiento asume un vértigo despegado de las necesidades de quienes las habitan, se han convertido en emblemas de un futuro que ya no trae promesas de bienestar sino un catálogo de incertidumbres. ¿Cómo viviremos en estas ciudades dentro de veinte años? ¿La violencia se apacigua con más violencia, más policía, drones, autos blindados, seguridad privada, terror en cuota creciente? ¿A dónde va a ir a parar la pobreza cuando quienes la sufren solo pueden salir de ella mediante la dádiva del Estado, la connivencia de un cartel mafioso o el guiño ambiguo de un puntero político que también cumple el rol de barrabrava y promete un terrenito? ¿Cómo creerle a un Estado que se ufana de una gestión a favor de la educación y la salud públicas cuyos presupuestos no han dejado de mermar en los últimos años junto al más descuidado de todos, el de vivienda social?

Buenos Aires, que a ultranza quiere parecerse a Dubai, Shanghai o Abu Dhabi en versión cabotaje de inversión en hormigón y cemento, no ha dejado de incrementar una notable paradoja. La que combina la rimbombancia de una gestión autoproclamada eficiente con la minuciosa destrucción de su calidad de vida y de su patrimonio tangible e intangible. Aquella Buenos Aires, tan diferente a sus pares del continente, tan segura, abierta, verde, plagada de espacios públicos donde convivía la diversidad de clases y proveniencias, de usos lenguas y costumbres, no existe más. Hoy tenemos una ciudad de enclaves donde se sustituyen los espacios verdes por “plazas secas”, los adoquines permeables al agua por el hormigón rígido, los espacios públicos por estadios redundantes de clubes amigos o polideportivos comerciales, por ejemplo, en el atestado sector de Balvanera. El crecimiento de Buenos Aires es implacable: tres demoliciones y tres nuevas torres por cuadra en el 50% de su superficie es un dato notable: casi el 30% de esos edificios nuevos permanecerán desocupados; es que la población de la ciudad no ha variado desde 1950. Hoy no se construye para hacer viviendas sino para colocar excedentes, invertir. ¿Es justo desbalancear el equilibrio ecológico, humano y cultural de una ciudad porque no hay mejores formas de inversión? ¿Qué nombre lleva un sistema que coquetea con su propia destrucción? ¿Cuál es la definición actual para ese progreso que destruye ámbitos de vida en común y posibilidades de hábitat compartido?

Hoy por hoy el sueño de muy pocos es la pesadilla de muchos: la Presidenta de la Nación sueña con la torre más alta de América Latina para cobijar a una industria exenta de ABL e ingresos brutos por quince años, a la que le han concedido dos áreas gigantescas en la ciudad llamadas distrito tecnológico y audiovisual. El desarrollador más rico de la ciudad, el dueño de todos los shoppings sueña con su propia Dubai ubicada entre la Villa Rodrigo Bueno y uno de los escasos pulmones verdes, la Reserva Ecológica. El intendente sueña con una urbe de seis millones para una ciudad cuyo suelo es cada vez más inaccesible y ostenta 12% de viviendas precarias en la ciudad más rica de América Latina.

¿Qué perdimos, qué estamos a punto de perder detrás del espejismo del progreso del ladrillo? ¿Quién se sirve de una transformación de carteles futuristas que encubren la demolición de un pasado compartido? Toda ciudad es habitable cuando protege su memoria. Ese milagro de amparo es un modesto gran triunfo sobre el tiempo. Es historia de uso propio y común. Quienes la destruyen cometen pecado de urbicidio: la matan por desconocer su herencia y su cultura. La matan por actuar como extranjeros en suelo propio. El pecado de urbicidio es parte de un proceso autoritario por el que desaparecen no solamente los restos del tiempo, sino también esos pequeños lugares de diálogo, convivencia solidaria y resistencia, requisitos indispensables para crear lazos sociales. Los urbicidas quieren erradicar precisamente esos reductos de solidaridad donde se ejerce el sacrosanto derecho al cuestionamiento, la crítica, el debate y el intercambio. El urbicidio no figura entre los delitos punibles. Aunque tal vez lo merecería.

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