Vidal anuncia una reforma penal para dar más derechos a las víctimas

(PBA) La gobernadora María Eugenia Vidal anunciará un proyecto de ley que implementa cambios en Código Procesal Penal bonaerense, con el objeto de ampliar los derechos de las víctimas durante los procesos penales. La presentación será hoy en la mansión Seré, lugar ubicado en la localidad de Castelar que funcionó como centro clandestino de detención y torturas en la última dictadura militar. La iniciativa contempla como innovación en la comisión de delitos graves que los y las damnificadas de delitos puedan participar y expresar su opinión al principio del juicio y al final, como contraparte de las últimas palabras que hace uso el acusado.

Otra prerrogativa será el mayor poder sobre el seguimiento en la ejecución de la pena. Esto permitirá que las víctimas pueda manifestarse contra la concesión de algún beneficio al victimario, como las salidas transitorias, dictámenes de sobreseimiento u otras resoluciones que alivien una acusación o condena. Todo esto hoy no es posible con la ley vigente.

Asimismo, el proyecto establece la creación de cuerpo de Abogados de las Víctimas en el ámbito de la Procuración de la Suprema Corte. Se trata de una patrocinio legal adicional que funcionará como instrumento del Ministerio Público, aunque tendrá un rol diferenciado del fiscal, que representa al Estado en la acusación, y del defensor oficial. Esta asistencia ya se aplica en otras provincias, como Mendoza y Catamarca.

En la misma medida también se creará la figura del “abogado del niño”, que representará a los menores que sean víctimas de episodios de violencia entre sus padres o que sufran un femicidio vinculado.

“Se dará asistencia integral a esos chicos que perdieron a su mamá, con planes del IOMA, vivienda y todo tipo de asistencia que requiera el caso”, indicó el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, autor de la reforma.

Las modificaciones en la reforma procesal penal se completan con “recursos y acciones dirigidas a la damnificada y/o su grupo familiar con posterioridad al hecho delictivo, tendientes a reducir las secuelas del daño, garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten, evitar los procesos de revictimización y patrocinar jurídicamente en el Proceso Penal”, sostiene el texto del proyecto. NT