Buenos Aires, 07/12/2019, edición Nº 2579
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Presentaron un amparo colectivo para que la Ciudad remueva el asbesto de los edificios públicos

La acción judicial busca que el Gobierno porteño implemente una política pública de descontaminación del material cancerígeno.

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(CABA) Varias organizaciones presentaron este martes una acción de amparo colectivo contra el gobierno porteño para que implemente una política pública de descontaminación de asbesto en los edificios públicos de la Ciudad y en los establecimientos educativos de gestión estatal y de gestión privada. También piden que se realice un «relevamiento exhaustivo», un «plan y cronograma de remoción de instalaciones, revestimientos, aislaciones y otros materiales constructivos que contengan asbesto», y un plan de contingencia previo y posterior. En los últimos meses, las denuncias por la presencia de este material contaminante y cancerígeno han ido en aumento sin que el Estado haya adoptado soluciones integrales. Sólo ha dado respuestas espasmódicas a medida que los casos fueron denunciados.

La medida cautelar fue solicitada por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, integrantes de la comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas y de la Escuela Infantil Nº 08/04, la CTA Autónoma Capital, delegados gremiales de ATE del Hospital Durand, Conadu Histórica, Unidad Popular de CABA, y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), cuyo equipo de litigio patrocina la demanda. La causa sorteada recayó en el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°14.

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El Ministerio de Educación porteño llamó a una licitación para desamiantar doce escuelas y hay un plan de gestión de asbesto de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) para hacer lo propio con la flota del subte, pero el reclamo de las organizaciones busca que el Estado se haga cargo del problema de forma integral.

Por ese motivo, reclaman «la implementación de un plan y cronograma de remoción«; un plan de contingencia y de seguridad que garantice «la salud y la integridad física de los trabajadores/as del Gobierno de la Ciudad, de la comunidad educativa, y de la ciudadanía en general a través del sellado inmediato hasta su remoción de las instalaciones, revestimientos, aislaciones y otros materiales donde se haya detectado amianto».

También la clausura y señalamiento de los espacios en caso de corresponder y un monitoreo continuo del aire. Además de «la obligatoriedad del control, acceso a la información pública y participación en cada etapa de esta política a través de la constitución de una mesa multisectorial» para cada edificio afectado. Y a partir de la evaluación del riesgo de exposición «la implementación del Protocolo de seguimiento a las personas expuestas facilitando el acceso a los dispositivos de salud específicos».

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El letrado patrocinante, Jonatan Baldiviezo, explicó a Página12 que «pedimos un plan de desasbestización para todos los edificios públicos de la Ciudad para que no se vaya eligiendo a cuales dar respuesta, y que haya un relevamiento con plazos para sacar el amianto. Y en ese marco se pide que esa política tenga ciertos estándares, porque el año pasado, por ejemplo, quisieron sacar una caldera de una escuela durante las clases, y hubo que hacer una acción judicial, en la que el juez ordenó que se realice en verano. O el Lenguas Vivas , donde la comunidad educativa no fue informada y esto llevó a que el colegio estuviera cerrado varios días».

Baldiviezo remarcó que «el amianto es peligroso porque pone en riesgo la salud de los trabajadores, de los estudiantes y docentes, y de la ciudadanía en general. Por eso es necesario un relevamiento de todos los edificios públicos, y que cuando se detecte asbesto se establezca una mesa multisectorial de seguimiento. Y un plan de contingencia en el mientras tanto, porque hasta que se remueve pasa tiempo y hace falta un control permanente. Si hay peligro, hay que hacer un sellamiento o bloqueo del sector, es decir, tiene que haber medidas preventivas de seguridad hasta la remoción».

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En este sentido, el abogado advirtió que «la Agencia de Protección Ambiental (APRA) debería intervenir desde el minuto uno, y eso no ha sucedido. Que no haya intervenido en el Lenguas Vivas es muy grave. Sólo después de los reclamos de la comunidad educativa el APRA hizo controles e informes. Está funcionando más como un organismo de contralor que estableciendo de forma activa políticas ambientales».

El gran problema con el asbesto es que, hasta su prohibición en el país en el año 2000, a través de la Resolución Nº 845/00 del Ministerio de Salud de la Nación, y la Resolución Nº 823/01 del Ministerio de Salud de la Nación, el material fue utilizado por doquier en la construcción por su cualidad aislante.

Según el abogado, «con la licitación para las 12 escuelas están remediando los errores pasados, se dieron cuenta que tienen que dar intervención al APRA, cumplir con el protocolo de APRA y hacerlo en época no lectiva. Pero es sólo para doce colegios. Nada sabemos del resto de los colegios, hospitales y dependencias estatales». NR

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