Los K que sacaron a Vazquez «rosquearon» el aval con un juez

El femicida K Eduardo Vazquez -implicado también en la muerte de 194 pibes en el incendio del boliche Cromañón- no solicitó un pedido para salir de la cárcel, pero los reclutadores K que lo llevaron a tocar tambores en un festival -a 10 días de ser condenado por asesinar a su mujer- junto a otros presos consiguieron la autorización de un juez, cuyo facsimil  consiguió -.en tiempo récord, un domingo- el ministro Alak para mostrar «algo» que justificara los injustificable, desde el amigable  panel K de 678.

(Ciudad de Buenos Aires) Eduardo Vázquez fue autorizado por la Justicia para llevar a cabo las dos salidas en las que participó de actividades culturales. Primero en noviembre, cuando concurrió a una muestra de música organizada por la agruapción «Vatayón Militante», y luego en junio, cuando fue al Museo del Servicio Penitenciario Federal en San Telmo, para participar de una feria de artesanías en la que además se encontraban familiares de las personas privadas de su libertad.

En ambas ocasiones, Vázquez recibió autorización judicial para asistir a lugares que se encuentran fuera de su lugar de detención.

Campeonatos de fútbol, obras de teatro y conciertos musicales, son algunas de las actividades recreativas que de manera permanente se llevan a cabo en todos los penales del país. En cada una de estas situaciones, el Servicio Penitenciario realiza los trámites correspondientes ante cada uno de los jueces de ejecución penal de quienes dependen las personas privadas de su libertad para poder realizar cualquier salida. Inclusive, en varias oportunidades se ha contado con la participación de personalidades reconocidas del deporte, la cultura y el espectáculo, como Carlos Salvador Bilardo y Lito Cruz, han colaborado con el SPF.

Ayer, Alak había declarado que “el caso Vázquez es uno más, y no la excepción. Si salió del lugar en el que se encuentra detenido para concurrir a alguna actividad integradora, fue porque el juez lo autorizó”, y agregó que “la asistencia a todas las actividades de las que participan los internos fuera de los penales son debidamente autorizadas por la autoridad judicial correspondiente, en estricto cumplimiento de lo establecido por la ley 24.660″, que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad. «Es un disparate suponer que se pueda llevar a los presos a un acto político”, enfatizó.

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