Política
La madre de Cristina integra una cooperativa en La Plata que recibió millones de pesos
Un documento clave del gobierno cuestiona los privilegios y contrataciones de la cooperativa, que cobró “por sus servicios unos 15 millones de pesos por año”.
(PBA) La cooperativa El Aldabón no tiene local. Sus miembros solían usar uno en la localidad bonaerense de La Plata, pero hoy está cerrado. El número de teléfono que figura en los registros públicos es falso, ya que pertenece a un sindicato. Ofelia Wilhelm -la madre de Cristina Elisabet Kirchner- integra esta cooperativa.
En noviembre de 2003, cuando el ex presidente Néstor Kirchner firmó un decreto para rescindir el contrato de concesión que el Correo tenía desde 1997, la cooperativa fue subcontratada para repartir cartas de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).
A la cooperativa “El Aldabón” la fundó en 1994 el dirigente sindical Fotius Cunturis, ex titular de la Federación de Gremios Estatales de la Provincia, y ex dirigente de la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI). En varios actos, la madre de Cristina lo acompañó como miembro del grupo de trabajo.
Entre 2011 y 2015, la cooperativa cobró 61 millones de pesos provenientes del Estado. Solo en 2015, recibieron 4 millones. El 18 de agosto de 2015, durante los días finales del mandato de Cristina Kirchner, el presidente del Correo -Juan Carlos Tristán- decidió entregar 147 millones más a la cooperativa.
Sin embargo, cuando Mauricio Macri llegó al Poder Ejecutivo, estos últimos contratos entre “El Aldabón” y el Gobierno fueron dados de baja por irregularidades detectadas.
Entre estas irregularidades, por ejemplo, aparece una violación a la resolución número 360/75 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) -el organismo estatal que controla a las cooperativas- que impediría la subcontratación de empleados por parte de “El Aldabón” para repartir las cartas, según publicó Clarín.
Hernán Reyes, uno de los dirigentes que investigó la contratación por parte del Correo, es secretario Parlamentario del Bloque de Diputados de la Coalición Cívica. Y dijo que este caso “es un ejemplo más de la apropiación que hicieron los Kirchner de los bienes públicos. Administraron el Estado como si les hubiese pertenecido”.
“Lo hicieron tanto en lo político como en lo personal. Se beneficiaron personalmente. Creemos que estamos frente a un posible delito de defraudación al Estado. Los Kirchner saquearon al Correo Argentino en beneficio de una cooperativa de mentira”, agregó.
El informe oficial denominado “El Estado del Estado” -donde se analizó la gestión kirchnerista- registró en el caso del Correo Argentino irregularidades como sobreprecios, servicios innecesarios y una situación difícil por años de pérdidas abultadas por la falta de inversión, sumado a deudas que no se cobraban o precios que se mantenían sin actualización alguna a pesar del paso de los años, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
La situación del Correo Argentino hasta diciembre pasado “mostraba rastros de mala gestión comercial y de uso partidario de sus recursos”, advirtió el informe “El estado del Estado”, difundido por la Presidencia de la Nación, en el apartado correspondiente a esta empresa pública. El Correo, de acuerdo con el análisis, “mostraba una situación difícil, especialmente por sus abultadas pérdidas, años de falta de inversión, una infraestructura muy pobre y tecnología obsoleta”.
Algunos de los contratos por prestación de servicios, como los de ARBA y Anses, pero también uno con Aerolíneas Argentinas, “eran informales, no estaban respaldados por contratos firmados, órdenes de compra o facturas”, con lo cual “son ahora muy difíciles de cobrar para el Correo, porque ni siquiera puede demostrar que los mismos verdaderamente existieron”, dice el informe.
Un ejemplo -detalla el análisis oficial- es el de la cooperativa “El Aldabón”, formada en La Plata por ex empleados del Ministerio de Economía bonaerense. Fue contratada durante diez años por Correo Argentino para preparar los envíos de ARBA, a pesar de que no era un prestador postal autorizado, y cobró por sus servicios unos 15 millones de pesos por año, pero a principios de 2016 se le canceló el contrato.
S.C.
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