La Asociación de Magistrados pedirá una medida cautelar contra la norma de la reforma judicial

El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, advirtió hoy que en las próximas horas pedirá una medida cautelar contra la norma de la reforma judicial que prevé la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, luego de que hoy el Gobierno promulgó la ley.

(CABA) El ex presidente del Consejo de la Magistratura también consideró que la inconstitucionalidad de la medida «se va a resolver muy rápidamente» porque, sostuvo, «es una cuestión de puro derecho» y «no requiere otra prueba que leer la Constitución».
Este pedido se suma al que realizó el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, que esta mañana presentó la primera acción de amparo contra este proyecto de la reforma judicial.

Además, Cabral le reclamó a las distintas fuerzas políticas «que no presenten sus candidatos» para ocupar los puestos de consejeros ya que, manifestó, «no hay que legitimar una ley contraria a la Constitución participando de esta elección».
«Esta mañana vamos a pedir una medida cautelar para detener el proceso electoral y sostener la inconstitucionalidad de esta norma ante la justicia electoral», remarcó en conversación con el canal de noticias TN.
En este sentido, Cabral explicó que la asociación que preside considera «que es bueno acercar la Justicia a la gente», pero afirmó «que de modo alguno la vía de la inconstitucionalidad es el camino».
«Vamos a pedir una cautelar, pero entendemos que esta es una cuestión de puro derecho, que se va a poder resolver muy rápidamente porque no requiere de otra prueba más que la lectura de la Constitución», enfatizó.
El Gobierno promulgó hoy la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y dispuso que las elecciones de consejeros se realicen conjuntamente con las legislativas del 27 de octubre, luego de votar a los candidatos en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto.
Esta norma forma parte del paquete de medidas que conforma la reforma judicial impulsada por la presidenta Cristina Fernández y que fue rechazada por un amplio sector de la oposición, que la considera inconstitucional.

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