El Gobierno extiende la intervención de TBA para borrar más pruebas

La medida -que extiende por 15 días más la intervención de la empresa- se dispuso debido a que la investigación judicial aún no determinó las causas del accidente ocurrido en la estación Once, donde murieron 51 personas.

El Gobierno de Cristina Kirchner necesita asegurarse de que no surjan pruebas de lo que la sociedad ya sabe positivamente: la corrupción en materia de transporte público provocó la desgracia.

El interventor administrativo, técnico y operativo designado es Raúl Baridó, profesional dependiente de la Sindicatura General de la Nación, es decir, un subordinado de Daniel Reposo, a sus vez propuesto para reemplazar al saliente Procurador General, Esteban Righi. Reposo sería una suerte de comodín que el kircherismo utiliza para garantizar impunidad donde sea necesario.

La intervención a TBA fue dispuesta mediante una resolución por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo del arquitecto Julio de Vido.

La investigación sobre las causas del siniestro la lleva adelante el Juzgado Nacional número 11, a cargo de Claudio Bonadío, quien aceptó en primera instancia que el Estado sea querellante de la Causa, aunque, por ridícula, la medida fue rechazada por la Cámara.