Buenos Aires, 05/12/2020, edición Nº 2943
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El Gobierno busca urbanizar los barrios populares y así disminuir la tensión por desalojos

Está confirmada la reapertura del registro oficial de villas de emergencia, y de un fondo para administrar los recursos destinados a la integración urbana

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A días del desalojo en Guernica, el ministerio de Desarrollo Social Daniel Arroyo acelerará las medidas para urbanizar los barrios populares. Habrá dos avances concretos: por un lado, finalmente se constituirá el fideicomiso para administrar los recursos que se destinarán a la integración urbana. Por el otro, se reabrirá el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), un gesto político dirigido hacia los movimientos sociales descontentos con el operativo policial definido por el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

El Renabap es el reporte oficial que nuclea la información de la villas de emergencia en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2016. Según este registro, se contabilizaron casi cuatro millones de personas en 4.416 barrios donde hay hacinamiento y deficiencias en el acceso a los servicios públicos, como luz, agua y cloacas. Sin embargo, esa cifra está sobreestimada: en los últimos tres años se crearon más asentamientos, por lo que el Gobierno buscará oficializarse.

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“Estamos abriendo el Renabap para registrar los barrios nuevos”, aseguró el ministro de Desarrollo Social. La actualización de este registro era una antigua queja de las organizaciones sociales y de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU), a cargo de la dirigente territorial de La Cava, Fernanda Miño, que es la autoridad de aplicación del Renabap y, por lo tanto, de las obras de urbanización en los barrios populares.

La sumatoria de nuevos barrios al Renabap es clave porque las viviendas incorporadas a ese registro no pueden ser desalojadas por un plazo de cuatro años, de acuerdo a la Ley 27.453 sancionada en 2018. El ministro Daniel Arroyo aclaró que solo se incorporarán aquellos barrios donde hubo toma de tierras “consolidadas”, con casas construidas con materiales, por lo que descartó que se agreguen los asentamientos que se produjeron durante el 2020.

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Fernanda Miño, titular de la SISU, se había quejado por las demoras en la actualización del Renabap. «Estas personas tienen que estar protegidas y ser partícipes de un nuevo registro, porque son las que están padeciendo la problemática con más crueldad”, dijo. En ese momento, su secretaría estaba bajo al órbita del ministerio de Habitat y Viviendas, de María Eugenia Bielsa. En medio de críticas internas por la falta de avances, con una ejecución presupuestaria del 16,7%, la SISU fue transferida hace un mes a Desarrollo Social.

Los recursos para el financiamiento de la urbanización de los barrios populares tiene dos fuentes principales: las partidas del presupuesto nacional y los 8 mil millones de pesos del impuesto PAIS, que se recauda con la compra de dólares. Un tercer ingreso se originaría en el aporte extraordinario a las grandes fortunas, en caso de que la ley se sancione en el Congreso.

El criterio de selección de las prioridades en los barrios populares será revisada por los gobernadores, a través del Consejo Federal de Desarrollo Social (Cofedeso). La tarea viene demorada por la pandemia desde la gestión de Bielsa. De los 4.416 barrios registrados en el Renabap, solo se iniciaron obras en 46 asentamientos, es decir, el 1 por ciento. Con el nuevo reimpulso, las obras podrían alcanzar el centenar de barrios a fin de año.

 

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