El estacionamiento del Hipódromo: 12 años sin pagar canon

El uso gratuito de este estacionamiento, con capacidad para mil vehículos, funciona en terrenos públicos de la ciudad, y es explotado gratuitamente desde 2002, pese a que se le había solicitado a Hapsa que lo desalojara en 2008, relevó La Nación.

(CABA) Si bien el gobierno porteño prometió en noviembre pasado saldar una vieja deuda, licitar su explotación y exigirle a Hapsa -empresa que se le adjudica a Cristóbal López– el pago retroactivo de los años de utilización, nada de eso ocurrió todavía.

Entre anuncios incumplidos y un pedido de desalojo que no se efectiviza, la irregularidad sobrevive a diferentes gobiernos. Ocurre que el uso gratuito de este estacionamiento, con capacidad para mil vehículos, funciona en terrenos públicos de la ciudad, y es explotado gratuitamente desde 2002, pese a que se le había solicitado a Hapsa que lo desalojara en 2008, recabó el matutino mitrista.

La playa de Dorrego y Libertador tiene un historial controvertido: en 1999, el entonces jefe de gobierno Fernando de la Rúa dejó que caducara el contrato con la adjudicataria. En 2002, año de la última concesión del hipódromo, la playa reabrió y, desde entonces, fue utilizada por Hapsa irregularmente. Hasta que en 2007, tres días antes de terminar su mandato como jefe comunal, Jorge Telerman le concedió un permiso de ocupación gratuito por cinco años. Un pequeño detalle: sólo la Legislatura puede ceder bienes de dominio público.

Luego, en 2008, Mauricio Macri firmó un decreto que ordenaba el desalojo administrativo del predio, por considerar de «nulidad absoluta e insanable» aquel decreto suscripto por Telerman. E instruyó a la Dirección General de Concesiones para que ejecute «todas las medidas y diligencias necesarias» con el objetivo de concretar el desalojo, con la colaboración de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia. Sin embargo, quedó en la nada. Hapsa presentó un recurso ante la Ciudad para que reconsiderara aquella anulación y, así, poder continuar usufructuando los terrenos. Pero su pedido fue desestimado en julio de 2009.

La Ciudad no cumplió, durante cuatro años, con la orden de desalojo que había firmado el propio Macri, y se excusa en que «nunca se pudo acordar con la Policía Federal» para llevar adelante este requerimiento. En noviembre pasado, los funcionarios porteños anunciaron que licitarían su explotación, algo que no se cumplió todavía.

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