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Crisis en el sector docente de las FFAA y una oferta inútil que generará caos
El Ministerio de Defensa presentó una propuesta salarial que, lejos de resolver el conflicto docente en el sistema educativo de las Fuerzas Armadas, amenaza con profundizarlo. La medida consiste en una suma fija de $150.000 mensuales, no bonificable, destinada únicamente a los docentes de los Liceos Militares y del Instituto Dámaso Centeno.
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El alcance es mínimo: solo 1.497 de los 4.679 docentes del sistema recibirán el incremento, mientras que 3.182 quedarán excluidos. Entre los excluidos figuran docentes de Institutos de Nivel Superior y Universitario, Escuelas de Oficiales, Suboficiales y de Posgrado, es decir, gran parte de quienes poseen mayor formación y antigüedad.
La propuesta genera un achate de la pirámide salarial, ya que no reconoce antigüedad, jerarquía ni formación. Un docente recién ingresado cobraría lo mismo que otro con más de diez años de trayectoria. Además, al ser no bonificable, la suma no impactará en aguinaldo, antigüedad ni jubilación. La medida no alcanza bajo ningún aspecto a subsanar la diferencia salarial de más del 100% respecto de los salarios docentes de la Ciudad de Buenos Aires.
Datos oficiales revelan que el costo mensual de la medida es de $203,8 millones, con un gasto proyectado a diciembre de 2025 de $1.121 millones. El promedio por docente alcanzado rondará los $136.200, aunque la mayoría percibirá menos de $75.000 según su carga horaria.
Como agravante, el financiamiento recaerá parcialmente sobre las familias: los padres deberán afrontar un aumento en la cuota de los establecimientos, encareciendo la educación sin que ello implique una solución al conflicto. Esto, advierten en las instituciones, incrementará la tensión y el malestar en las comunidades educativas.
Desde los gremios señalan que la iniciativa no recompone el salario real, no corrige errores históricos de liquidación y profundiza la desigualdad interna. “Es un parche improvisado que desjerarquiza la carrera docente y aumenta la fractura dentro del sistema”, remarcan.
En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 48 horas para la semana próxima. Tras el receso invernal, liceos como el Paz y el Araoz Lamadrid retoman medidas de fuerza y campañas de visibilización. ATE, único gremio que se ha movilizado hasta el momento, también impulsa proyectos de ley en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
Fuentes gremiales sostienen que el Gobierno evita una recomposición general por temor al efecto político que tendría en un momento de debilidad parlamentaria y múltiples frentes de conflicto abiertos —con el Hospital Garrahan, el sector de Discapacidad, las universidades y los jubilados—. “Una derrota en este tema podría generar un efecto dominó imparable”, advierten.
La crisis se combina con el colapso de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, en medio de un contexto económico marcado por recortes de impuestos a los sectores de mayores ingresos, falta de financiamiento externo, crecimiento de los pasivos remunerados y aumento del gasto discrecional en áreas como los fondos reservados de inteligencia y los viajes oficiales.
En definitiva, la propuesta salarial no solo no resuelve el conflicto: expone la incapacidad del Gobierno para mantener el orden incluso en sectores donde históricamente contó con mayor adhesión, como el militar, y amenaza con desatar una crisis de mayor envergadura en el sistema educativo de las FFAA.
