Conte Grand denunció a Tomada por la detención de Piccardo

El gobierno porteño hizo su contraofensiva contra la Nación, en la inacabable disputa por el traspaso del subte.

A casi una semana de que el titular de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Juan Pablo Piccardo, fuera llevado por la fuerza pública a una reunión, la ciudad radicó una denuncia penal contra el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.

La denuncia fue radicada por la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Julio Conte Grand, en el juzgado en lo Penal Federal número10, cuyo titular es el Dr. Julián Ercolini.

La ciudad hizo la presentación judicial a raíz de que el Gobierno envió el pasado miércoles a efectivos de la Policía Federal para llevar a Piccardo por la fuerza al Ministerio de Trabajo con el fin de que participara en la negociación paritaria entre Metrovías y los empleados del subte.

El macrista Piccardo accedió a ir, pero por sus propios medios y manejando su propio auto. Pero la policía lo escoltó desde la sede de Sbase, en Agüero 48, esquina Rivadavia, hasta la cartera laboral, en Callao al 100, donde se produjo la reunión, sin acuerdo por los salarios.

Además, Piccardo solicitó a la Justicia un pedido de hábeas corpus, pedido que recayó en el juzgado de Instrucción Nº 6 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Fernando Klappenbach.

Los fundamentos de la denuncia ante la Justicia Federal, en la que también fue señalado el subdirector nacional de Relaciones del Trabajo, Adrián Caneto señalan que los funcionarios nacionales impartieron «una orden cuando no existía motivo jurídicamente valedero para fundar tal directiva» y que además lo hicieron sin recurrir a un juez que autorizase el pedido.

Dice que el 3 de mayo, Sbase presentó una nota en que «se explicaron nuevamente las razones por las cuales no correspondía la asistencia a dicha convocatoria» por cuanto «el organismo convocante carece de facultades legales para citar a la mencionada sociedad del estado a una negociación salarial en la que no es parte, y, menos aún, haciéndolo con apercibimiento de sanciones o bajo la amenaza del uso de la fuerza pública».

«La citación de Piccardo y (el ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Daniel) Chain constituye una decisión ilegítima y carente de toda razonabilidad y si además lo hace eludiendo el propio mecanismo estatuido en la ley, es decir a través del reclamo en sede judicial para lograr su intervención, mucho más grave es la situación», dice la Procuradora.

Y añade que «si para lograr el concurso se recurre a otra disposición, claramente foránea a la cuestión que se ventila, para justificar el empleo de auxilio de la fuerza pública, nos hallamos evidentemente ante una flagrante comisión del delito denunciado, conducta delictiva que debe investigarse y de la que prima facie aparecen responsables tanto el Sr. Ministro de Trabajo y el Sr. Subdirector Nacional de Relaciones del Trabajo»..

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