Vidal puso en marcha un Plan Integral de Seguridad

(PBA) “Bajar los brazos no es una opción. Si las víctimas de la inseguridad tienen fuerzas para movilizarse y reclamar justicia, cómo no vamos a comprometernos con ellos que confiaron en nosotros”. Con esta convocatoria ante 500 funcionarios de la Provincia, María Eugenia Vidal intentó este mediodía dar respuestas operativas ante la demanda social de mayor seguridad.

La gobernadora pondrá en marcha un Plan Integral de Seguridad que incluye la afectación de agentes con tareas administrativas a patrullaje y un Centro de Coordinación Operativo con las fuerzas federales que serán trasladadas a las zonas calientes del Conurbano.

Los refuerzos fueron apurados por Vidal en la reunión que mantuvo ayer con el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich. La apremiante situación sobre la vida y los bienes de 16 millones de bonaerenses determinó la exigencia desesperada de la gobernadora. Esta mañana convocó a 500 funcionarios de primera y segunda línea para desarrollar estrategias contra la violencia criminal en la Provincia. También complementado con programas de contención social y obra pública. “Ya tenemos diez meses de gestión en la espalda y esto recién empieza”, se dirigió Vidal a la audiencia que incluyó a intendentes y legisladores de Cambiemos. Los episodios de violencia criminal encabezan todas las encuestas.

Aún así, la gobernadora trata de provocar confianza con alguna de sus medidas: “La esperanza no es un discurso, es un camino que vamos a sostener todo el tiempo”, dijo en su alocución.

Buenos Aires está bajo Emergencia en Seguridad desde diciembre 2015. La medida es por un año y con los indicadores de delito actuales la decisión sería ratificada a fin de año. El decreto le permite a Vidal durante ese tiempo convocar a retirados, reubicar personal, cambiar destinos, disponer bajas y ascensos, entre otras acciones.

La Provincia dispone de 90.000 efectivos, 16.000 corresponden a las Policias Locales, 11.000 agentes está afectado a tareas administrativas y 4.000 de la planta de personal continúa con licencia médica. En nueve meses, además, 5.000 policías resultan investigados por Asuntos Internos y 1700 ya fueron echados de la fuerza.

Esta logística se revela insuficiente o poco operativa para combatir el delito en los 33 distritos del Gran Buenos Aires y las principales capitales del Interior, como Mar del Plata y La Plata. Por eso, allí llegarán en forma gradual 7100 efectivos de la PF, gendarmes y prefectos. La tarea de estas fuerzas es disuasiva, con retenes y apostamiento en zonas calientes del Conurbano. Algunas de ellas, como los municipios que integran el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, alcanza 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la media en el país es 6,6 por cada 100.000.

En el gobierno provincial atribuyen una parte de este rebote de inseguridad a las medidas adoptadas contra la “cajas” de recaudación ilegal de la Policía. Y, según el ministro del área, Cristian Ritondo, “al evidente avance en la lucha contra el narcotráfico, que provoca reacciones típicas de las mafias cuando son atacadas en sus bases de sustentación”. NR