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Según el Servicio Penitenciario Bonaerense, hay 1.500 detenidos en situación de riesgo, aunque organismos de DDHH denuncian que es el doble y que ameritan una prisión domiciliaria.

Nicolás Fiorentino, periodista parlamentario y asuntos energéticos en Diario BAE, alertó que “los servicios secretos argentinos operan con absoluta autonomía”, por lo que se necesita una modificación democrática.