Buenos Aires, 21/09/2019, edición Nº 2502
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Salud

Frenan el cierre de los hospitales neuropsiquiátricos porteños

Por ley quedaban sólo cinco meses para que el sistema de atención mental estuviera reconvertido.

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(CABA) La ley de Salud Mental, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, establecía el 1° de enero de 2020 como la fecha límite que el Estado se fijó para terminar con los neuropsiquiátricos porteños. En otras palabras, exigía que de acá a 5 meses el sistema de atención de la salud mental debía estar reconvertido. Y que los llamados hospitales «monovalentes» o «de especialidad» -enfocados exclusivamente en la atención psiquiátrica- pasaran a ser parte de una «red de servicios con base en la comunidad». Pero todo cambió.

A punto de vencerse el plazo, sin las redes intermedias creadas, un acuerdo entre la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y el Ministerio de Salud de la Ciudad garantiza que centros como el Hospital Borda y el Moyano seguirán en pie normalmente.

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El acta firmada hace casi una semana por el presidente de la AMM, Jorge Gilardi, y la ministra de Salud de la Ciudad, Ana María Bou Pérez, establece «refuncionalizar» los hospitales neuropsiquiátricos en lugar de cerrarlos. Como confirmó el titular de la Dirección Nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, aún quedan 42 de estos centros de especialidad psiquiátrica en Argentina.

«Nos vamos a adecuar a la ley, pero sin ese límite para que se cierren los hospitales. Los hospitales ‘monovalentes’ pasarán a tener el resto de las especialidades, como cardiología, gastroenterología y demás, con acento en la psiquiatría. También tendrán una guardia común», detalla a Clarín Aldo Caridi, subsecretario de Atención Hospitalaria de la Ciudad.

Un mes atrás, en una entrevista con Clarín Grasso había dicho que a casi una década de la sanción de la ley nacional de salud mental 26.657, «no es que no se hizo nada». Pero se hizo poco. «Hay distancia entre lo que debió hacerse y se hizo. Algunos de los monovalentes ya están en proceso de reconversión», afirmó.

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A su vez, como 2020 estaba muy cerca y este proceso no asomaba, la preocupación entre las asociaciones de profesionales de la salud mental crecía.

«No se iban a poder cerrar los monovalentes porque no se construyó la red de atención basada en un modelo de psiquiatría comunitaria, que tiene en una punta a los hospitales de especialidad reservados para un paciente descompensado, y en la otra, las casas de convivencia, los hospitales de día, los talleres que preparan a los pacientes para una salida laboral», detalla a Clarín Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).

Levin remarca que la asociación que preside es nacional y que el acuerdo entre la AMM y el gobierno porteño es local. «No fuimos consultados en ninguna de las etapas del acuerdo», dice.


La incertidumbre previa al acuerdo es sobre los pacientes con grandes dificultades para ser externados, por problemas familares, sociales y, claro, habitacionales. Entonces, Gilardi habló de la firma del acuerdo como «un día histórico» para la Salud Pública.

«La ley de Salud Mental tuvo sus ‘más’ y sus ‘menos’. Fue más política que con asidero médico y social. Decía que el 1° de enero de 2020 había que ‘desmaniconializar’ a los hospitales como el Borda, el Moyano, el Alvear, el Ameghino. Que había que cerrarlos. Ofrecían hacer casas de medio camino para internar a esta gente y llevarlos a los hospitales de Agudos. Todo eso es una muy buena idea. Pero nunca se hizo. Cerrar un neuropsiquiátrico es no entender realmente lo que es la salud pública. Estos centros tienen que evolucionar, aggiornarse. Eso lleva tiempo», detalló.

Para él, en rigor, ya no existen los manicomios. «Antes el Borda tenía 2 mil pacientes encerrados. Ahora tiene unos 600. Que entran, salen, se quedan, se vuelven a ir. Los neuropsiquiátricos se fueron reconvirtiendo. Siguen formando a quienes se atienden, siguen capacitando especialistas. En la ley de 2013 se iba en contra del psiquiatra. Se decía que no se cuidaban los Derechos Humanos de los pacientes. Esos hospitales de hoy son muchos mejores que hace 5 años y van a ser mucho mejores a futuro.»

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A diferencia del «cierre» o «reconversión» de la ley, el acuerdo actual describe la incorporación de tecnología y que se contemplen otras especialidades, como las Neurociencias, que van a ocupar la atención durante los siguientes 50 años, no sólo la atención psiquiátrica. «Mirar a futuro, no con el facilismo de ‘cerramos y listo'», sigue Gilardi. A partir de ahí, la modernización ahora se concretaría en cuatro etapas que estarían completas en 6 años.

La primera es a partir de la provisión de dispositivos intermedios necesarios en calidad y cantidad. Eso incluye viviendas asistidas, hogares geronto-psiquiátricos, talleres de rehabilitación, hospitales de día y noche y dispositivos de tratamiento para adicción. La clave es la rehabilitación «bio-psico-social», que permitiría la externación de los pacientes, para el inicio de un tratamiento integral, la revinculación familiar, si es posible, y la resocialización

La segunda etapa se enfoca en que los hospitales monovalentes pasen a ser hospitales polivalentes, especializados en salud mental, psiquiatría y neurociencias, a través de un proceso de reformas edilicias, renovación tecnológica y adecuación del personal médico. En estos centros polivalentes se albergaría únicamente a los pacientes «afectados profundamente por cuadros agudos de corto, mediano o largo tratamiento».

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La tercera etapa, siempre según el acta, es la de adecuar y crear, según el caso, sectores para la atención de pacientes afectados en su salud mental con «patologías de baja y mediana complejidad en los Hospitales Generales de Agudos» que no dispongan de esa prestación y que integren una red prestacional común con los hospitales especializados.

La cuarta etapa es la de coordinar acciones de referencia y contrareferencia entre los efectores ambulatorios del primer nivel de atención -como los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) y los Centros Médicos de Especialidades Ambulatorias (CEMAR)- y las instituciones del segundo nivel -tanto para tratamiento ambulatorio como internación- para dar respuestas en cada caso.

«Así ningún paciente quedaría sin la asistencia específica y necesaria, según su caso», cierra Gilardi. El presupuesto para llevar adelante estas cuatro etapas ya está siendo «analizado» y deberá aprobarse antes del 31 de diciembre de este año, para que el acuerdo sea publicado en el Boletín Oficial y, así, se adecúe a la ley nacional de Salud Mental vigente. NR

Fuente consultada: Clarín

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