Denunciaron a ex funcionarios por las vacunas vencidas en un frigorífico de Constitución

(CABA) La Oficina Anticorrupción (OA) presentó una denuncia penal que involucra a los ex ministros de Salud durante la gestión de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, así como también a la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, tras el hallazgo de 600 mil dosis de la vacuna triple bacteriana que dejaron vencer pese a estar incluida en el Plan Nacional de Vacunación y que jamás llegaron a quienes la necesitaban.

Según consignó Página12 este lunes, la OA reconstruyó el trayecto de las vacunas, que llegaron a pasar siete meses en la terminal de cargas de la aduana, durante y luego de lo cual nadie chequeó la cadena de frío, y del dinero que se gastó en la compra y luego su almacenamiento. Pero constató, además, que la incidencia de las tres enfermedades a prevenir (tos convulsa, difteria y tétanos) aumentó en 2019 por la falta de inmunización de la población el año anterior. Así Stanley, Lemus y Rubinstein podrían enfrentar un proceso por los delitos de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa en su variante culposa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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El ministro de salud, Ginés González García, había hecho pública en agosto la aparición de las vacunas en un frigorífico. De acuerdo con la denuncia penal las 600 mil dosis de la triple bacteriana acelular del laboratorio GlaxoSmithKline Biologicals S.A fueron adquiridas por el ex ministro de Salud en los inicios del gobierno de Macri, Lemus. Las vacunas son adquiridas a través de un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, que garantiza un precio y la provisión. En esta ocasión llegaron en un vuelo de Martinair, una línea holandesa.

La triple bacteriana protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Se aplica a mujeres gestantes y niños de 11 años, según el calendario nacional de vacunación. La presentación de la OA informa que se pagaron 6.610.306 dólares por todas las dosis que se vencieron. La factura es del 26 de noviembre de 2016, aunque habían sido encargadas en septiembre. Había seis lotes: uno vencía en abril de 2018, tres en junio y dos en agosto de ese mismo año. El embarque llegó a Buenos Aires el 7 diciembre de 2016, y entró a la aduana y quedó en la terminal de cargas (de Aeropuertos Argentina 2000) durante siete meses, hasta el 13 de julio del año siguiente. Ese día las vacunas fueron llevadas al Frigorífico Oneto. En el chequeo inicial, resultó que había frascos rotos y otras averías. Eran 60 dosis inutilizadas.

Pese al tiempo transcurrido recién en ese momento se hizo una verificación de los sensores de temperatura que venían con la carga para garantizar la cadena de frío. Resultó que los sensores en cuestión habían vencido en diciembre. Las vacunas fueron ingresadas a un sector llamado “cuarentena”, hasta que se verificara si estaban en condiciones de ser distribuidas, para lo que hacían falta los termogramas de la terminal de cargas, que ni siquiera fueron reclamados. Ahí quedaron hasta el 16 de julio de 2018, cuando fueron trasladadas al sector “vencidos” del frigorífico de Constitución contratado, para que después fueran destruidas. Un segundo procedimiento consistió en la contratación del “servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final” de 40 toneladas de residuos peligrosos que estaban en el frigorífico Oneto. Por lo que correspondía a las vacunas se pagaron 4.370.000 pesos. Pero por el total de lo que se almacenó allí se pagaron 205.207 dólares.

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La denuncia explica cómo a lo largo de los cuatro años del gobierno de Macri, la estructura del ministerio de Salud cambió, incluso fue degradado a secretaría, por lo que las estrategias de vacunación y las campañas fueron cambiando de dependencias. Por lo menos hubo modificaciones en seis oportunidades, según la presentación. La OA pidió informes al ministerio de Salud no sólo para reconstruir el trayecto y los controles sobre las vacunas adquiridas, sino el impacto en la salud pública de su falta de distribución. Quedó claro allí la caída en la tasa de vacunación con triple bacteriana en 2018 y el incremento de las enfermedades que debe prevenir.

La OA atribuyó a los ex funcionarios y funcionarias responsables el delito de “propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa”, que prevé de seis meses a cinco años de prisión, y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con penas de un mes a dos años de cárcel.

La clave es que no se cumplió con la Ley de Vacunación Obligatoria (22909). Esa norma impone a las autoridades sanitarias cumplir y hacer cumplir sus disposiciones, ejecutar los programas de vacunación y asegurar la suficiente cantidad de vacunas, el personal y los elementos para aplicarlas.

“La normativa vigente imponía a cada uno de los ministros la obligación de fiscalizar la ejecución relativas a la salud de la población y específicamente la programar y dirigir los programas de vacunación”, dice la OA. En cuanto a los montos pagados, el organismo señala que “se habrían abonado en perjuicio del erario público estatal“.