La justicia y el gobierno buscan desalojar a los manteros de Liniers

(CABA)Nadie quiere decir cuándo. La fecha parece estar guardada bajo siete llaves, pero lo cierto es que el desalojo de los manteros de Liniers está cada vez más cerca. Sobran los indicios después de la liberación de zonas como Once, quizá la más conflictiva y donde, por años, no se había podido erradicar el comercio ilegal. El más fuerte es el avance de la Justicia porteña sobre locales y depósitos que abastecían a los puesteros del barrio y talleres clandestinos en los que se confeccionaba indumentaria que luego era introducida al circuito callejero.

Entre marzo y agosto, la Fiscalía de la Ciudad ordenó la clausura de 60 comercios, siete talleres y cinco depósitos en operativos que incluyeron la detención de diez personas y la incautación de mercadería y máquinas textiles. Muchos de esos locales funcionaban en terrenos ferroviarios sobre la estación Liniers del tren Sarmiento, con contratos que están siendo revisados; también hay funcionarios en la mira. Otros lo hacían cerca de inmuebles marcados por la tragedia, donde años atrás murieron ocho personas, entre ellos, siete niños, al incendiarse dos talleres ilegales.

Posiblemente se trate de una de las últimas avanzadas de la Justicia antes de ordenar el desalojo de al menos 900 puesteros ilegales que venden productos en el polígono comprendido por la avenida General Paz y las calles Roffo, Viedma, Madero, Carhué y Ventura Bosch. Esa zona dejó de ser el territorio exclusivo de la comunidad boliviana y su feria gastronómica para convertirse también en refugio de los manteros desalojados de Retiro, Caballito, la avenida Avellaneda, la peatonal Florida y Once que no lograron ingresar al sistema legal.

Otro gran indicio lo dio Horacio Rodríguez Larreta hace una semana en el club Santiago, de Liniers, durante una reunión de vecinos. “Estamos realizando una investigación judicial a fondo para sacar a esos manteros. El reclamo de los vecinos es justo y lo solucionaremos a la brevedad”, les dijo el jefe de gobierno porteño. Luego, el Jefe de Gobierno consultó a los legisladores de su espacio si consideraban prudente hacerlo antes de las elecciones de octubre. Todos coincidieron en que si las condiciones estaban dadas, la respuesta era sí.

La investigación a la que hizo referencia Rodríguez Larreta comenzó en marzo y estuvo a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, subrogante de la Fiscalía 21 de la zona oeste. En los operativos participaron agentes de Migraciones, la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, la Policía del Trabajo, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

En los locales, la fiscal pudo comprobar la venta ilegal de celulares robados y de productos de procedencia ilegal del rubro electrónica, vestimenta, calzado, música y video, entre otros. En los operativos se comprobaron violaciones al artículo 83 del Código Contravencional (uso indebido del espacio público) y a la ley de marcas (22.362); en este último caso, se dio intervención a la Justicia Federal.

La mayoría de los locales funcionaba sobre la calle Viedma, entre Cuzco y Madero, y sobre la avenida Rivadavia, entre José León Suárez y Carhué . “La actividad comercial allí no está habilitada por el gobierno de la ciudad y por eso se investiga a las autoridades de Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria (Sofse). Por acción u omisión permitieron que se mantuviera esta situación ilegal. Acá podría haber evasión tributaria”, explicó Ramírez.

Según la fiscal, en la traza ferroviaria no había seguridad para los peatones, tampoco baños ni instalación eléctrica y el suministro era robado a la red de Edesur. “Las autoridades anteriores por ahora no están siendo investigadas. Entendemos que las actuales recibieron un lugar de gestión y no lo regularizaron”, agregó.

Para el titular de Sofse, Marcelo Orfila, la situación es diferente. “Cuando asumimos en 2015 regularizamos todos los locales que funcionaban con contratos vencidos desde 2012 y no pagaban el canon. Recuperamos una deuda de $ 2.900.000 y recaudamos $ 300.000 por mes por los permisos de uso precario que concedimos. La Justicia debe definir si están en terrenos públicos o ferroviarios”, explicó.

Anteayer, cinco de los locales clausurados fueron reabiertos por comerciantes que sortearon la custodia ordenada por la fiscalía, que deberá ahora decidir cuándo dispone de un operativo para volver a desalojarlos. Todo indica que será antes de la avanzada contra los manteros que ocupan calles y veredas de Liniers. Pero, por ahora, nadie quiere poner una fecha. O, al menos, hacerla pública.

SN

Fuente: La Nación