Ataques con piedras a automovilistas en rutas bonaerenses: presentan un proyecto de prevención

Para frenar los ataques con piedras a automovilistas en rutas bonaerenses, los diputados provinciales del bloque UCR Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lorden ingresaron un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de la Dirección de Vialidad. La iniciativa busca mitigar tanto los actos de vandalismo como los delitos perpetrados mediante la colocación de obstáculos o el lanzamiento de proyectiles desde pasarelas peatonales para forzar la detención de vehículos.

El texto legislativo se fundamenta en recientes antecedentes registrados en la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Autopista Panamericana, donde la remoción de cercos perimetrales por obras o la falta de infraestructura de contención expuso a graves riesgos a los conductores.

Creación del Mapa de Tramos Críticos y obras obligatorias

El proyecto exige la articulación directa entre la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Seguridad bonaerense y las empresas concesionarias para elaborar un registro público y actualizado periódicamente:

• Mapa de Tramos Críticos: Identificación de sectores de alto riesgo de asaltos, agresiones o accesos no autorizados a las trazas principales.
• Infraestructura de protección: Instalación prioritaria y obligatoria de mallas anti-arrojo en puentes, cercos perimetrales, iluminación LED y cámaras de videovigilancia integradas a los centros de monitoreo policial.
• Protección durante obras: Prohibición expresa de dejar zonas descubiertas o sin cerramientos mientras se ejecuten ampliaciones o reparaciones viales.

Financiamiento estatal y actualización del esquema de sanciones

La propuesta contempla que la financiación de las obras de seguridad requeridas en los tramos críticos corra por cuenta del Estado Provincial a través de Rentas Generales, prohibiendo de forma taxativa el traslado de estos costos a las tarifas de los peajes.

Asimismo, la iniciativa promueve la actualización del artículo 29° de la ley vial —cuyo monto de sanción permanecía congelado en moneda histórica desde 1977—, expresando el cálculo de las multas en Unidades Fijas (UF) vinculadas al precio de la nafta de mayor octanaje, tal como aplica el sistema de juzgamiento de infracciones de tránsito en la Provincia de Buenos Aires.