El sistema corrupto y la verdad

Escribe Ing. Osvaldo V. Buscaya*

(CABA) En septiembre del año 2003, hace más de once años la Argentina amenazaba con convertirse en el nuevo paraíso para los piratas y el comercio ilegal, lo que han logrado exitosamente, pues en medio de una crisis generalizada, la combinación de falsificación, contrabando y venta de productos robados pudo escapar de la recesión y los ilegales ya negociaban más de 23.500 millones de pesos al año.

Historial

Los datos se desprenden de una investigación que realizó, en esa oportunidad, la consultora internacional IFPC. En el año 2002 a 2003 por ejemplo, en el sector de la indumentaria el mercado en negro y la falsificación representaban la mitad de las ventas de ropa en la Argentina.

Es de imaginar lo que se llevan hoy los ilegales. Del total del comercio ilegal, la porción más alta correspondía, en el 2002–2003 por lejos a la comercialización de productos falsificados que, según IFPC, representa al año $ 9540 millones (40% del total). Un escalón más abajo se encontraba el contrabando -que mueve $ 5750 millones- y la venta de productos robados (5053 millones). En tanto que el trabajo en negro explica otros $ 1792 millones, y la competencia desleal (como la subfacturación) suma otros $ 1400 millones. Indicándose, en esa fecha 2002–2003, que la mitad de los comerciantes se vio afectada por la venta ilegal dentro de su rubro.

Mientras la CPPP (Corporación Política en el Poder Público) asegura que “el espacio público no se negocia”, hay otros que hacen negocios en el espacio público. Y cada vez son más en este proceso corrupto desde hace más de once años un fenómeno crónico, amparado en la complicidad e inacción del Estado.

El Código de Contravenciones de la Ciudad prohíbe lucrar sin autorización en el espacio público, pero tolera la venta ambulante de “baratijas para la mera subsistencia”. Sin embargo, y aunque los puestos de los manteros obviamente no son ambulantes, la Policía dice que no puede actuar, al menos como explican en la Justicia porteña. Luego, los controles de los inspectores, tanto los de la CABA como de la AFIP u otros organismos que deberían actuar, descaradamente registran que como no están registrados “los manteros no existen” y así protegen a una tremenda asociación ilícita organizada por mafias, que cobran por poner un puesto y que distribuyen mercaderías contrabandeadas, entre otras. Claramente, una competencia desleal para los comerciantes que trabajan dentro de la ley.

Pero el Estado no sólo no controla lo suficiente sino que hasta intenta legalizar la venta trucha, por lo que terminaría cediendo el espacio público. A fines del año 2002, el legislador del PRO Bruno Screnci, cercano al ministro de Espacio Público Diego Santilli, en ese periodo presentó un proyecto en la Legislatura porteña para crear dos nuevas ferias, en Diagonal Sur y en la recova de Paseo Colón y Leandro N. Alem, y legalizar otras 30, entre ellas las de parque Lezama y Centenario. De hecho, también pretendía legalizar los puestos que están en Perú entre Diagonal Sur y Avenida de Mayo, justo enfrente de la Legislatura.

El 22 de Enero de 2011, los medios informaban que Fecoba impidió la sanción de una ley impulsada por Diego Santilli para proteger la venta clandestina. La entidad tomó contacto con el Ministro de Ambiente y Espacio Público, Dr. Diego Santilli, y con los legisladores porteños Bruno Screnci Silva (autor del proyecto), Álvaro González, Cristian Ritondo, Patricio Di Stéfano, Martín Borrelli del PRO, Fernando Sánchez, Sergio Abrevaya y Adriana Montes de la Coalición Cívica, Diego Kravetz del bloque Peronista, Julián D’Angelo del Partido Socialista, María José Lubertino y Francisco Nenna del bloque Encuentro para la Victoria, y Eduardo Epszteyn del bloque Diálogo por Buenos Aires.

Asimismo, se enviaron notas a todos los legisladores porteños, como así también al Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Francisco Cabrera, al Secretario General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Marcos Peña, y al Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, expresando el rechazo al proyecto de ley 3093-D-2010. En consecuencia, la legislatura dejó sin tratamiento el proyecto presentado por el diputado Bruno Screnci Silva.

Pero hoy está todo peor. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad promociona lo ilegal al considerar que: a) el Ejecutivo de la CABA no se debe ajustar al real Estado de Derecho; b) argumentar que frente a la incontenible venta ilegal el poder judicial local protegería a los ilegales y no interviene ante la oferta de mercadería extranjera de dudoso origen, que amerita la competencia del fuero correspondiente, por el evidente contrabando.

Así estamos con los funcionarios; ya he denunciado estar amenazado de muerte, por “meterme” con éste tema de la venta ilegal que está destruyendo el comercio legal en la Ciudad. Exigimos que respeten y apliquen la ley vigente.

*Unión Argentina de Comerciantes Legales y Asociaciones del Sector Empresarial Privado