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Perjuicio para los comerciantes.
Osvaldo Buscaya, referente de la ONG Ciudadanos Grupo Uno de la Comuna 7, se refirió a la responsabilidad de funcionarios judiciales en la propagación de los manteros en la Ciudad.
(Barrio de Flores) Según Osvaldo Buscaya, referente de la ONG Ciudadanos Grupo Uno de la Comuna 7 la gestión gubernativa de la CPPP (Corporación Política en el Poder Público) presenta a la venta ilegal “como un problema de difícil resolución, cuando es en realidad la propia CPPP quien la “reacomoda” en varias formas extendiéndola por zonas o regiones y así fortalecerla”.
Además, el referente vecinal argumentó que “es la CPPP quien “utilizando” Cámaras, funcionarios judiciales, empresarios “canalizan” a los vendedores ambulantes, las Saladitas, los manteros y todo tipo de modalidad informal incluida la, venta online, para ingresar con su “control aduanero” la mercadería ilegal extranjera y a su vez dificultar con las resoluciones de la secretaria de comercio el ingreso de la mercadería legal”.
Según Buscaya, se propicia así “el trabajo esclavo; canalizando lo obtenido de los piratas del asfalto; “administrando” los depósitos con quienes cobran a los puestos y los manteros. La CPPP hizo de la venta ilegal, una poderosa maquinaria comercial garantizándole poseer un “recaudador”, por cuadras ocupadas con puestos y manteros, que en realidad es común al método de la CPPP en sus “negociados”, encubriendo los tres poderes que la venta ilegal, en su “entramado”, es un real y efectivo paraíso fiscal para el lavado de dinero utilizado en la “compra” al exterior, que ingresa fácilmente mediante el “arreglo” sobre los organismos de control aduanero y la AFIP”.