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Uber cuestiona el fallo de la Justicia porteña que prohíbe a las tarjetas de crédito cobrar los viajes
Una jueza les ordenó a los plásticos no operar con la empresa de transporte. Allí afirman que la resolución no es válida porque “excede su jurisdicción”.
(CABA) Uber, la empresa de transporte que opera a través de una aplicación móvil, que ya desconoció las normativas de la Ciudad, ahora cuestionó la orden de la Justicia porteña. Ayer la jueza Claudia Alvaro ordenó a las empresas prestadoras de los servicios de tarjetas de crédito, “que se abstengan de habilitar puntos de venta o cobrar viajes” a cualquier empresa vinculada a Uber. Pero la compañía salió a rechazar el fallo.
La empresa norteamericana entiende que la orden de la titular del juzgado Contravencional porteño N°16 “excede su jurisdicción”. “Dicha medida no podría implementarse sin bloquear las transacciones de cualquier usuario de Uber que utilice su tarjeta de crédito argentina en cualquier otra ciudad del resto del mundo, lo que claramente excede el territorio de la Ciudad”, dijo Soledad Lago Rodríguez, gerente de comunicaciones de Uber.
La empresa es investigada por infracción al artículo 83 del Código Contravencional porteño (uso indebido del espacio público para actividades lucrativas sin autorización).
Anteriormente la Justicia también había ordenado al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que bloquee las páginas web vinculadas con Uber y también sus aplicaciones. Sin embargo desde el Ente informaron que no cuentan con competencias ni facultades legales para bloquear contenidos de Internet. Como tampoco obligar a los prestadores del servicio de telecomunicaciones a hacerlo, resaltando que tampoco tiene capacidad técnica para impedir dichos contenidos.
Las autoridades de la Ciudad y los gremios taxistas se manifestaron en contra de la llegada de Uber, sin embargo no pudieron frenar su desembarco. En Argentina 200.000 personas se bajaron la aplicación; y se estima que ya cuentan con 20 mil “socios” conductores.
Según dijeron desde Uber, tramitan en la IGJ (Inspección General de Justicia) la conformación de una empresa para instalar una base de operaciones aquí. Mientras tanto, no tributan en la Ciudad y le cobran a los conductores el 25% de los viajes que realizan. NR
Fuente: Clarín
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