“La raíz del problema de las villas porteñas y el mejor modo de encararlo”

Escribe Pablo Roviralta, Arquitecto – presidente de la Fundación Tejido Urbano

(CABA) En 1998, durante la gestión de Enrique Olivera, cuando la población en villas de la ciudad de Buenos Aires no superaba las 100.000 personas, la Legislatura porteña sancionó la ley 148, “para atender carencias de infraestructura, irregularidad en la posesión de terrenos o viviendas y condiciones de deterioro o precariedad en las viviendas de las villas y asentamientos de la ciudad”.

Luego de dos décadas, el gobierno porteño puso sus ojos en estos barrios. Haber postergado tanto lo dispuesto por aquella ley no resulta anecdótico social ni económicamente hablando. Desde entonces la población en villas casi se ha triplicado, de acuerdo con el relevamiento de Techo en 2016. Por otra parte, a mayor densidad, mayores costos, tiempos y riesgo de accidentes en las intervenciones que se encaren.

El actual jefe de gobierno decidió abordar el problema interviniendo cuatro de las aproximadamente cuarenta villas; entre las cuatro suman una población cercana a las 80.000 personas. Explicó que el nuevo panorama político habilitó el traspaso de tierras y el acceso a crédito internacional, pero no hizo públicos los criterios que guiaron la selección de villas elegidas. Tomada la decisión, distribuyó la tarea en tres organismos gubernamentales que, con diversa trayectoria y estilos de trabajo, entablaron un diálogo participativo con los vecinos y organizaciones barriales.

Mientras la sociedad porteña mira con cierta sospecha los avances de esta ola urbanizadora, poco se discute sobre la raíz del problema de la “ciudad informal” y el mejor modo de encararlo. Se avanza en la urbanización de un puñado de barrios (que contienen el 28% de la población en villas) sin detenerse a considerar lo que está en la base del problema habitacional, que se expresa en esa y otras situaciones deficitarias, como los inmuebles ocupados, los inquilinatos, conventillos, hoteles y los complejos habitacionales en estado precario. Estamos ante acciones de urbanización al margen de una política habitacional que contemple todas estas manifestaciones habitacionales deficitarias.

El patente crecimiento poblacional en las villas porteñas es constante por varios motivos. Enunciamos algunos: un desempeño económico nacional que precarizó el empleo, dificultando el acceso a créditos para compra y las garantías para alquiler; la riqueza relativa de la ciudad de Buenos Aires en relación con el conurbano, el interior y países vecinos; la escasez en la oferta pública de viviendas y su respuesta, la autoproducción de viviendas en las villas (para uso propio o alquiler) sin regulación estatal; un sistema de transporte metropolitano incapaz de cubrir eficazmente la distancia entre el hogar y el empleo; la dinámica demográfica de las familias de menores recursos y su solidaridad para acoger a terceros con dificultades.

Si durante el futuro quinquenio no cambian sustancialmente dichas condiciones, las villas seguirán siendo la variable de ajuste de la falta de una política habitacional y habrán sumado unas 80.000 personas a su población actual, cifra equivalente a la que habrá sido reurbanizada en los cuatro casos mencionados.

“Serán un barrio más”, sostiene el jefe de gobierno, como si estas acciones tuviesen una fuerza sacramental que imprima carácter. Las villas tienen identidad propia, cosa que en muchas obras estatales falta. El barrio de La Boca, destino preferido por el turismo, es un ejemplo de identidad popular. El Estado hizo poco por perfilarla. Sus pobladores lo hicieron.

La población de las villas no alcanzada por esta iniciativa de gobierno (72%) aún no ha reclamado un trato igualitario. Agua corriente, cloacas, obras pluviales y energía constituyen los principales reclamos de sus habitantes. Antes de mejorar los espacios domésticos, las fachadas, o de construir terrazas verdes en villas elegidas arbitrariamente, el Estado debería garantizar esos servicios a todas, trabajando -como señala Víctor Pelli, reconocido experto en la materia- con niveles parciales y progresivos de satisfacción de necesidades.

El derecho a una vivienda digna fue garantizado en la Constitución local. Vale destacar que la decisión gubernamental de abordar la urbanización de las villas es elogiable. Pero sin una política de largo plazo, que goce de un fuerte consenso en toda la comunidad política y sea ejecutada a lo largo de dos décadas por diferentes gestiones, no podremos atacar eficazmente este factor de innumerables desigualdades sociales. NR

Fuente consultada: La Nación