La Iglesia insiste voluntad para resolver la ocupación en Merlo

(PBA) La prolongación de la toma ilegal de terrenos en Merlo, donde desde hace casi un mes pernoctan en condiciones precarias unas 2000 familias, preocupa a la Iglesia. Así lo expresó en una carta pastoral el obispo de la diócesis de Merlo-Moreno, monseñor Fernando Maletti, quien denunció la falta de “preocupación real y efectiva” de los gobiernos salientes y electos del municipio y de la provincia para solucionar el problema.

Ex párroco de San Cayetano, de Liniers, y ex obispo de Bariloche, Maletti conduce la diócesis de Merlo-Moreno desde mayo de 2013, designado por el papa Francisco. En los últimos días, recorrió las zonas involucradas y advirtió que “no hay una preocupación real por asistir a las personas que ocupan el lugar ni por garantizar la paz y la tranquilidad de los vecinos de los barrios adyacentes”.

“No se deben avalar las usurpaciones de cualquier tipo. Son derechos que se violan y por tanto no tienen legalidad”, expresó el obispo. Pidió, además, que se garanticen “tanto la prestación de servicios elementales a las personas que actualmente ocupan las tierras en conflicto como la paz y tranquilidad de los vecinos del lugar”.

Al denunciar la falta de voluntad y preocupación para resolver la ocupación de terrenos adyacentes al barrio El Cortijo, el obispo aludió al conflicto que escaló entre el intendente local, Raúl Othacehé y su sucesor, Gustavo Menéndez, ambos del Frente para la Victoria (FPV), que se cruzaron fuertes acusaciones.

En diálogo con LA NACION, monseñor Maletti responsabilizó también a las autoridades provinciales. Dijo que “estos hechos ponen en riesgo la paz de la comunidad y constituyen un grito de alerta en torno a la situación de vida de los pobres y el uso de la tierra en el conurbano”, y pidió que el tema sea abordado prioritariamente en las conversaciones por la transición iniciadas por la gestión de Daniel Scioli y la gobernadora electa, María Eugenia Vidal.

Al respecto, añadió: “Vemos con preocupación que las autoridades salientes se despreocupen del problema, pero también notamos que las que van a asumir no han reaccionado con fuerza suficiente, lo que lleva al desconcierto de los ciudadanos”. Insistió, así, en que “es deber ineludible del Estado en sus distintos niveles (municipal, provincial o nacional) tomar cartas inmediatamente en el asunto para evitar un agravamiento del clima de violencia y temor que se percibe en la comunidad”.

Pese a algunas versiones, Maletti aclaró que la Iglesia no realiza una tarea mediadora en el conflicto, tarea que, además, estimó difícil, por cuanto “no está claro cuáles son las partes en conflicto”. Desde la ocupación de los terrenos, de todos modos, el obispo encomendó a los sacerdotes, comunidades religiosas y laicos de su diócesis a acompañar a las personas afectadas -tanto los ocupantes como los vecinos- para contribuir a la cordura.

Maletti llamó a “evitar una manipulación de las aspiraciones de los más necesitados, prometiéndoles bienes y derechos que en modo alguno se van a poder efectivizar en el corto plazo”. Y resumió: “Aun entre el miedo y las incertidumbres no queremos dejar de llevar un mensaje de esperanza a la comunidad.