Buenos Aires, 18/06/2018, edición Nº 2042
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Con sospechas de corrupción, cancelan el contrato de la SUBE

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Tres meses después de anunciar la suspensión del servicio, el Gobierno canceló el contrato de la supervisión de la tarjeta SUBE. La medida fue tomada luego de que se revelaron diversas irregularidades en la licitación que manejó la Secretaría de Transporte, en ese momento a cargo de Juan Pablo Schiavi.

La presidenta Cristina Kirchner había protestado en público: “Tres años me costó poner en marcha la bendita SUBE”

(Ciudad de Buenos Aires) Desde el Ministerio del Interior y Transporte explicaron que se detectó “falsedad en la información” que acercó el consorcio que controlaba el boleto electrónico para justificar el dinero que el Estado giraba todos los meses por el servicio. Además, calificaron de “insuficiente” la documentación aportada.

El control del boleto electrónico le costó al Estado casi $ 10 millones más como consecuencia de un sugestivo concurso que ganó el consorcio integrado por Global Infrastructure (GI), Iatasa, IRV y González Fischer y Asociados. En una serie de notas que comenzó en mayo, el diario La Nacion reveló irregularidades en la adjudicación del contrato de $ 65 millones, como la existencia de empleados fantasma, las inconsistencias de la empresa inglesa GI y la relación entre funcionarios y empresarios.

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